Feminicidio e impunidad
Rosa Esther Beltrán
14-Enero-2011-México
Esta semana resurgió con gran ímpetu el debate sobre la impunidad ante los feminicidios en el País. Resulta que en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), institucionalizado en mayo de 2007 por la Presidencia de la República, se votó si se decretaba la alerta de género en el Estado de México ante el incremento de los feminicidios en esa entidad.
La alerta de género obliga al Gobierno enjuiciado a promover reformas inmediatas en sus leyes para proteger a las mujeres y aclarar los crímenes.Existe un contexto de violencia feminicida en el Estado de México, lo que vulnera los derechos humanos de las mujeres que habitan o transitan por ahí, argumentaron los organismos que presentaron la solicitud en diciembre pasado.
Basados en datos de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, señalaron que de enero de 2005 a agosto de 2010, la entidad reportó 922 casos de homicidios dolosos de mujeres y 4 mil 773 denuncias por violaciones en el último año y medio.
Fue ese aumento de la violencia de género en el Estado de México lo que llevó a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a solicitar la declaratoria al Gobierno del presidente Felipe Calderón.
La violencia feminicida forma extrema de violencia de género contra las mujeres resurge con fuerza en varias entidades de este País debido al machismo misógino, pero también por la deficiencia de los sistemas judiciales, que reproducen la impunidad en las sociedades patriarcales en las que vivimos.En esencia, el Estado ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones.
Aun cuando ha acatado algunos puntos, el aspecto más importante es el garantizar a la sociedad que estos crímenes no vuelvan a repetirse nunca más, pero en las investigaciones se siguen cometiendo los mismos errores y negligencias.
El Inmujeres emitió una declaratoria en la que sostiene que la violencia feminicidia no es un asunto prioritario para algunos Estados del País, por eso el SNPASEVCM determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el Estado de México por los casos de feminicidio.
Esta determinación, sostiene el Instituto, se realizó ignorando todos los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y convenciones que nuestro País ha signado en la materia, así como pasando por alto la obligación de los Institutos de las Mujeres de todo el País para defender y promover los derechos humanos de las mujeres y las niñas.También argumenta que las violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres en nuestro País, no son un tema prioritario para la mayoría de los Estados, quienes lejos de atenderlo de manera inmediata y buscar establecer acciones urgentes de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, prefieren proteger los intereses políticos de sus gobernantes.
Con 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el Estado de México por los casos de feminicidio, argumentando que el tema se había politizado.
Finalmente, la decisión en defensa del gobierno de Peña Nieto impidió la apertura de un procedimiento administrativo para investigar la denuncia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por 922 feminicidios cometidos en los últimos cinco años.Así que seguiremos padeciendo la ineficiencia y la corrupción de los aparatos de justicia, así como su incapacidad para juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos.
Esta semana resurgió con gran ímpetu el debate sobre la impunidad ante los feminicidios en el País. Resulta que en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), institucionalizado en mayo de 2007 por la Presidencia de la República, se votó si se decretaba la alerta de género en el Estado de México ante el incremento de los feminicidios en esa entidad.
La alerta de género obliga al Gobierno enjuiciado a promover reformas inmediatas en sus leyes para proteger a las mujeres y aclarar los crímenes.Existe un contexto de violencia feminicida en el Estado de México, lo que vulnera los derechos humanos de las mujeres que habitan o transitan por ahí, argumentaron los organismos que presentaron la solicitud en diciembre pasado.
Basados en datos de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, señalaron que de enero de 2005 a agosto de 2010, la entidad reportó 922 casos de homicidios dolosos de mujeres y 4 mil 773 denuncias por violaciones en el último año y medio.
Fue ese aumento de la violencia de género en el Estado de México lo que llevó a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a solicitar la declaratoria al Gobierno del presidente Felipe Calderón.
La violencia feminicida forma extrema de violencia de género contra las mujeres resurge con fuerza en varias entidades de este País debido al machismo misógino, pero también por la deficiencia de los sistemas judiciales, que reproducen la impunidad en las sociedades patriarcales en las que vivimos.En esencia, el Estado ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones.
Aun cuando ha acatado algunos puntos, el aspecto más importante es el garantizar a la sociedad que estos crímenes no vuelvan a repetirse nunca más, pero en las investigaciones se siguen cometiendo los mismos errores y negligencias.
El Inmujeres emitió una declaratoria en la que sostiene que la violencia feminicidia no es un asunto prioritario para algunos Estados del País, por eso el SNPASEVCM determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el Estado de México por los casos de feminicidio.
Esta determinación, sostiene el Instituto, se realizó ignorando todos los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y convenciones que nuestro País ha signado en la materia, así como pasando por alto la obligación de los Institutos de las Mujeres de todo el País para defender y promover los derechos humanos de las mujeres y las niñas.También argumenta que las violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres en nuestro País, no son un tema prioritario para la mayoría de los Estados, quienes lejos de atenderlo de manera inmediata y buscar establecer acciones urgentes de prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, prefieren proteger los intereses políticos de sus gobernantes.
Con 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el Estado de México por los casos de feminicidio, argumentando que el tema se había politizado.
Finalmente, la decisión en defensa del gobierno de Peña Nieto impidió la apertura de un procedimiento administrativo para investigar la denuncia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por 922 feminicidios cometidos en los últimos cinco años.Así que seguiremos padeciendo la ineficiencia y la corrupción de los aparatos de justicia, así como su incapacidad para juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos.
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