Dictadura Ortega-Murillo:
Fraude, mayor empobrecimiento, persecución y muerte a las mujeres
Las feministas de Nicaragua no reconocemos
los resultados de los comicios nacionales del pasado seis de noviembre; y denunciamos
desde ya, que el gobierno que se instalará el próximo diez de enero de 2012,
representa fraude, mayor empobrecimiento, persecución y muerte para las mujeres
y sus derechos, una característica de su política pública hacia las mujeres.
La falta de transparencia desde el
inicio hasta el final del proceso electoral, no entrega de documentos de
identidad a unos 200 mil jóvenes[i] para
participar en las votaciones, entrega tardía de credenciales a fiscales de los partidos
en contienda, cambio de dirección de Juntas Receptoras de Votos sin previo aviso,
conteo de votos sólo con fiscales oficialistas, no publicación de resultados electorales
de cada una de las casi doce mil Juntas Receptoras de Votos fueron parte de las
condiciones adversas de todo el proceso y de un cúmulo de ilegalidades que lo convirtieron
en un fraude incalculable. Sus resultados, por ende, no son nada confiables.
A lo anterior se agrega un Consejo
Supremo Electoral de magistrados con períodos vencidos en 2010, pero que
continuaron en sus cargos por decreto presidencial, contra toda ley. A ello se sumó
la candidatura ilegal[1]
del presidente Daniel Ortega, quien se convirtió en juez y parte.
La ilegal candidatura de Ortega,
otrora sandinista, encendió las luces de peligro, representaba el peor
escenario para el país no sólo por su autoritarismo, neoliberalismo y reciente
conversión al fundamentalismo religioso –que ha convertido en política de
estado- sino también por su pacto con el corrupto Arnoldo Alemán, con quien se
repartió los Poderes del Estado; lo que se refleja en instituciones públicas
dirigidas por funcionarios partidarios, sometidos al designio de sus caudillos
y no sujetos a la ley.
Las elecciones del 2011 representan
un retroceso de los avances electorales que experimentaba Nicaragua. Aunque esta
tendencia inició en el 2008, en las elecciones municipales. El fraude se
produjo en los municipios con mayor población como Managua, que reúne a un
tercio del electorado nacional.
En Nicaragua el poder simbólico,
subjetivo y real del voto ha sido evidente desde las elecciones del 90. El
resultado electoral de ese momento puso fin a un proceso revolucionario,
propició condiciones para desmontar la guerra que se vivía y dio inició a un
nuevo proceso político y socioeconómico en el país. Aunque en 1984 se había
realizado elecciones en condiciones diferentes a las que el somocismo tenía
sumergido al país.
Después de las votaciones de 1990, ha
sido una constante a lo largo de todos los procesos electorales, la alta
participación ciudadana, y particularmente de las mujeres, así como la
normalización de tales procesos; y en las elecciones del pasado seis de
noviembre, las feministas participamos desde una diversidad de posiciones,
hemos sido incluso observadoras electorales.
A partir de los 90 también las
fuerzas armadas han asumido un marco de atribuciones profesional y universal,
trascendiendo la visión partidaria de sus orígenes; y pese a las dificultades y
la imposición económica neoliberal, el marco constitucional establecido en 1987,
se convirtió en un referente. Sin embargo, esta realidad se infringió cuando la
Policía Nacional ha mostrado posiciones afines al partido de gobierno y se vio
envuelta en gravísimos hechos de violencia electoral que costaron la vida a
tres ciudadanos y generaron el terror en varias comunidades rurales.
El ascenso al poder de Ortega en 2007
significó que intelectuales, artistas, feministas, grupos de jóvenes y periodistas críticos fueran considerados enemigos
a neutralizar, desprestigiar y perseguir; para lo cual se estructuró un sistema
donde los derechos humanos de libertad de expresión, asociación y movilización,
pasaron a ser “delitos políticos”.
Casi desde su llegada al Ejecutivo, el
caudillo hizo de todo para mantenerse en el poder. Procuró transformar el actual
régimen político presidencial en parlamentario, que le posibilitara mantener el
control político del Estado. Según su argumento, el parlamentarismo es más
democrático. No obstante, a la fecha no ha rendido informe ante la Asamblea
Nacional ni ha sometido a ratificación del parlamento ninguno de los cargos que
la Constitución establece deben ser ratificados por el Legislativo.
Al no lograr las reformas
constitucionales anteriores, el presidente Ortega mandó a la Corte Suprema de
Justicia declarara que la prohibición constitucional de una reelección continua,
era inaplicable. Contrario a la ley, impuso su candidatura.
Fraude: ¿estado de derecho, legitimidad del voto, convivencia pacífica?
Nicaragua es un país con muy reciente
memoria de cruentos conflictos armados. La polarización política ha dividido a
la sociedad, a las familias. Hace apenas veinte años se ha comenzando a despejar
esta referencia. Por ello, el fraude de las recientes elecciones quiebra los
cimientos del estado de derecho, afecta la legitimidad del sufragio y hace
inviable la convivencia pacífica del país. Esta realidad abre para el país una
crisis de estabilidad y legitimidad, expresada en la violencia y el luto que ya
ha producido.
La intimidación, la impunidad, el
abuso, el atropello constituyen parte del estilo del gobierno Ortega- Murillo.
Se argumenta como política de estado la afectación a la libertad y los derechos
democráticos, por encima de la justicia social. Si bien los altos niveles de
pobreza han provocado acciones gubernamentales que permitan a las familias más
empobrecidas resolver el día a día, es inmoral que esos bienes se entreguen
como limosna partidaria y no como derechos, y se busque someterles al poder partidario
negándoles su condición de sujetos de derecho.
Las feministas rechazamos que el
gobierno orteguista antepongan las necesidades básicas a la libertad. La
libertad es un derecho. La libertad no es negociable
Se ha construido desde el poder del
caudillo y su familia, de manera deliberada, una descomposición sostenida de la
conciencia ciudadana para someterla y convertirla en peones de sus propósitos. Mediante
el fraude electoral se auto otorgó más del 60% de los votos, con lo cual
controlará absolutamente la Asamblea Nacional y podrá imponer el régimen
político y socioeconómico que quiera, incluyendo un mayor enriquecimiento ilícito
de su familia a costa de la mayoría empobrecida.
Las feministas no olvidamos que el
partido de Ortega fue el que indicó a las jerarquías religiosas el camino para
eliminar el aborto terapéutico en el año 2006; y quien aportó los mayores votos
en el Poder Legislativo para penalizar totalmente el aborto en el 2007.
La dictadura Ortega-Murillo ha despojado
a las mujeres de su derecho a decidir y ha convertido un Estado laico en fundamentalista
religioso contra todo precepto constitucional. Justifica su regresión
autoritaria y criminaliza la lucha de las mujeres por sus derechos, ejerce
violencia institucional y selectiva contra las mujeres y las feministas,
particularmente. Denunciamos desde ya, que frente al reclamo de derechos que
continuaremos haciendo, enfrentaremos mayor persecución.
La administración de justicia
encabezada por magistradas y magistrados del partido de gobierno son quienes
han dictado las peores resoluciones sobre delitos de violencia sexual,
promueven la impunidad de los violadores y obligan a niñas a parir, bendiciendo
los productos de tales violaciones.
Para las feministas, la democracia no
es únicamente elecciones, pero la realización de votaciones legales,
transparentes y legítimas constituyen un derecho de toda la ciudadanía. Por
ello las mujeres en Nicaragua hemos invertido en la democracia procedimental y
la institucional. Para que la democracia incluyente de las mujeres pueda ser
una realidad, necesitamos un estado de derecho en el país.
Las nicaragüenses ya vivimos una
dictadura, la somocista. Luchamos para que no hubiese otra. Por ello estamos en
contra del control absoluto de todos los poderes del Estado como lo hace el
jefe del partido en el poder. Nos oponemos al control de la población y a que
sea utilizada como aparato paraestatal. Nos negamos a que vuelvan a la historia
del mundo los camisas azules de Hitler.
Por tanto, las feministas nicaragüenses exigimos
o
La
anulación de las elecciones del pasado seis de noviembre
o
Nuevas
elecciones en condiciones de libertad, legalidad, transparencia y con árbitros imparciales,
para prevenir nuevos conflictos armados, propuesta que coincide con la de otros actores
o
Cese a la
represión contra todo derecho a la libertad de expresión y de movilización
Por tanto, las feministas nicaragüenses demandamos
o
A las
feministas del mundo entero denunciar la actual situación que vivimos en
Nicaragua
o
A las
feministas y todos los actores sociales progresistas del continente que respalden
la propuesta de realizar elecciones verdaderamente libres en Nicaragua
¡Democracia sí, Dictadura NO!
Feministas de Nicaragua
[1]
[…]“No podrá ser candidato a
Presidente ni Vicepresidente de la República: a) El que ejerciere o hubiere
ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del
período anterior en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el
que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales […]. Arto. 147 de la Constitución Política de Nicaragua.
[i] Valoración técnica final del
proceso electoral para presidente y diputados, Nicaragua 2011. Grupo Cívico Ética y Transparencia. Managua 21 noviembre 2011.
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