Lucila Bettina Cruz Velázquez, defensora de los derechos humanos mexicana, fue detenida el 22 de febrero. La información disponible sugería que había sido detenida y acusada de cargos penales infundados como represalia por defender los derechos de pueblos indígenas. El 22 de febrero, unos agentes de la Procuraduría General de la República detuvieron a Lucila Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, estado de Oaxaca, cuando salía de una reunión con la Comisión Federal de Electricidad acompañada por una abogada de derechos humanos, Maribel González Pedro.
Los agentes no le mostraron orden judicial alguna que autorizara su detención ni le notificaron los motivos por los que la detenían ni el lugar al que la llevaban. Permaneció recluida en régimen de incomunicación durante cuatro horas antes de ser conducida a la prisión de Tehuantepec para enfrentarse a cargos de detención ilegal de personal de la Comisión Federal de Electricidad. Está previsto que comparezca hoy ante un juez, con autoridad para ponerla en libertad bajo fianza.
Amnistía Internacional temía que Lucila Bettina Cruz Velázquez hubiera sido acusada de cargos falsos para impedirle realizar su labor como defensora de los derechos humanos, y que pudiera no ser sometida a un proceso judicial justo. Su detención forma parte de un patrón de detenciones de defensores y defensoras de derechos humanos por cargos infundados de detención ilegal de funcionarios públicos, unos cargos que han dado lugar a procedimientos judiciales injustos y a largos periodos de prisión para los activistas.
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS MEXICANA, EN LIBERTAD
Los cargos contra ella permanecen, y corre peligro de ser sometida a un juicio injusto.
Lucila Bettina Cruz Velázquez, defensora de los derechos humanos mexicana, fue puesta en libertad bajofianza el 24 de febrero. Los cargos contra ella permanecen, y corre peligro de ser sometida a un juicio injusto.
El 24 de febrero, hacia las 00:30, Lucila Bettina Cruz Velázquez fue puesta en libertad bajo fianza, tras una vista judicial celebrada la tarde del 23 de febrero ante el Juzgado 6º de Distrito de Oaxaca. Los cargos contra ella no se han retirado, y Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación por la posibilidad de que pueda negársele un proceso judicial justo, sin pruebas falsas ni cargos infundados.
Lucila Bettina Cruz Velázquez fue detenida el 22 de febrero por agentes de la Procuraduría General de la República en el municipio de Santa María Xadani, estado de Oaxaca, cuando salía de una reunión con la Comisión Federal de Electricidad. Permaneció recluida en régimen de incomunicación durante cuatro
horas antes de ser conducida a la prisión de Tehuantepec para enfrentarse a cargos de detención ilegal de personal de la Comisión Federal de Electricidad y daños a los bienes nacionales.
El juez ordenó que continuaran los procedimientos y puso a Lucila Bettina Cruz Velázquez en libertad bajo fianza. Amnistía Internacional cree que los procedimientos judiciales contra esta mujer pueden ser una represalia por su destacado papel en las negociaciones con una empresa que ha construido turbinas de viento en tierras pertenecientes a pueblos indígenas de Tehuantepec, y en un movimiento de protesta contra las altas tarifas de electricidad establecidas por la Comisión Federal de Electricidad.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Lucila Bettina Cruz Velázquez es integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. Esta organización hace campaña para proteger los derechos de los pueblos indígenas, y ha trabajado para protestar contra la construcción de turbinas de viento en tierras pertenecientes a estos pueblos. En noviembre de 2011, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca dictó medidas cautelares para proteger a Lucila Bettina Cruz frente a las amenazas y los ataques sufridos a consecuencia de su labor de derechos humanos en octubre y noviembre de 2011.
El 21 de octubre de 2011, Lucila Bettina Cruz Velázquez y Maribel González Pedro fueron amenazadas de muerte cuando unos 50 trabajadores de una empresa de parques eólicos llegaron a unas tierras pertenecientes a la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca. Los miembros de la comunidad indígena se oponen a que se construya el parque eólico en sus tierras. Alegan que la construcción se está llevando a cabo sin su consentimiento libre, previo e informado -requisito establecido por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas-, y que les preocupa su impacto sobre su agricultura y sus tierras.
El 28 de octubre de 2011, los miembros de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio y los miembros del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo organizaron una protesta en la sección La Venta-Unión Hidalgo de la Carretera Panamericana, contra la construcción de turbinas de viento en sus tierras. Según la información recibida, los miembros de la cercana comunidad de La Venta a favor del parque eólico llegaron y amenazaron al grupo para detener su protesta. Los manifestantes alegaron que tenían derecho a protestar pacíficamente, pero llegaron más hombres, armados con pistolas y machetes.
A algunos de los líderes de los manifestantes, entre ellos Lucila Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Martínez, les propinaron patadas, los arrojaron al suelo a puñetazos y los amenazaron de muerte. Dos personas murieron, y los miembros de la comunidad, entre ellos Lucila Bettina Cruz Velázquez, fueron acusados falsamente de ser los responsables. Los proyectos industriales y de desarrollo que afectan a las comunidades indígenas y campesinas de México se emprenden frecuentemente sin proporcionar información fiable a las comunidades indígenas afectadas, sin consultarlas y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado.
A consecuencia de ello, los miembros de las comunidades protestan contra los proyectos y reclaman su derecho a ser escuchados y consultados. Amnistía Internacional ha documentado frecuentemente el uso indebido del sistema de justicia penal contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra activistas comunitarios que llevan a cabo protestas pacíficas para pedir que se respeten sus derechos, un uso indebido que ha dado lugar a acoso judicial, juicios injustos y declaraciones de culpabilidad poco seguras.
AU 62/12 Índice: AMR 41/012/2012 México Fecha: 23 de febrero de 2012
de Amnistía Internacional .
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