Como señala la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará", los Estados tienen la responsabilidad de actuar para combatir la discriminación y la violencia contras las mujeres en todas las esferas. No obstante, el informe de la CIDH señala que persiste la violencia sexual contra mujeres y niñas en los espacios de la educación y la salud. El informe también encontró un subregistro del fenómeno e impunidad en la mayoría de estos casos. Asimismo, señala que en un marco de relaciones de poder altamente jerarquizadas, este tipo de violencia es tolerada por las sociedades. El informe identifica que mujeres en particular riesgo a violaciones de sus derechos humanos son las niñas, indígenas, discapacitadas, y mujeres afectadas por situaciones de conflicto armado.Washington D.C., – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual: la Educación y la Salud, el cual analiza el problema de la violencia sexual en las instituciones educativas y de salud de las Américas y los desafíos en el acceso a la justicia para las víctimas de esta violencia.
En el caso de la educación, la violencia sexual se tiende a naturalizar como parte del proceso de disciplina y castigo. En el ámbito de la salud, el problema está invisibilizado debido a la escasez de normas, estadísticas, procedimientos de denuncia e investigación disciplinaria en hospitales y centros de salud, así como por la exigua información sobre los derechos de los pacientes.
La CIDH reafirma enfáticamente su preocupación ante la persistencia de la aceptación social del fenómeno de la violencia sexual contra mujeres y niñas en los espacios de la educación y la salud, y ante el hecho de que la enorme mayoría de estos casos permanecen en la impunidad. Incluso al día de hoy, la violencia en estas esferas impide a muchas mujeres y niñas en la región el ejercicio pleno de sus derechos a la educación y a la salud.
A fin de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, los Estados deben adaptar sus leyes, políticas públicas y prácticas y mejorar sustancialmente los sistemas de protección y el acceso a la justicia para las víctimas de este fenómeno. La CIDH recuerda a los Estados su obligación de adoptar medidas a fin de hacer compatibles sus normas y prácticas a la Declaración Americana, la Convención Americana y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, y para dar cumplimiento a la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a proteger a las mujeres de la violencia en todas sus formas y en todas las esferas, a fin de asegurar que puedan ejercer libremente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
El informe contiene recomendaciones urgentes, ya que están vinculadas una forma extrema de discriminación, como es la violencia sexual, y a la garantía fundamental del acceso a la justicia. Estas recomendaciones buscan mejorar la respuesta judicial ante los hechos de violencia contra las mujeres en las entidades educativas y de salud. La CIDH insta a los Estados a superar los obstáculos culturales y normativos para prevenir y, en su defecto, investigar y sancionar, los actos de violencia sexual contra mujeres y niñas en los espacios de la educación y la salud. Asimismo, la CIDH recomienda a los Estados a crear las condiciones necesarias para que las mujeres utilicen los sistemas de justicia a fin de remediar los actos de violencia sufridos, recibiendo un trato digno por parte de funcionarios públicos. La Comisión urge también a los Estados a adoptar políticas públicas destinadas a romper los esquemas culturales que normalizan o trivializan la violencia sexual.
Este informe ha sido elaborado gracias a la contribución financiera del gobierno de Finlandia. La donación de Finlandia permitió realizar una reunión de trabajo con expertas y realizar una visita en terreno como parte de la investigación para la elaboración del informe, así como solventar los gastos de su traducción e impresión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
12 de junio 2012
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