Traemos parte de la información elaborada por Amnistía Internacional en México que visibiliza la discriminación y violencia estructural que sufren las mujeres y las recomendaciones que se proponen para su erradicación .
INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE LA ONU PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER- 52º periodo de sesiones, julio de 2012
En los últimos años, Amnistía Internacional ha investigado varios casos de mujeres que han sido procesadas y condenadas a largas penas de prisión por cargos de infanticidio en tribunales estatales de Guanajuato, Baja California y Guerrero. Las mujeres fueron acusadas de poner fin a la vida del feto intencionadamente en las fases avanzadas del embarazo, ocultando en algunos casos los restos. En varios casos se ignoraron las pruebas de aborto espontáneo y de la inestabilidad mental de la acusada, aceptándose por el contrario las pruebas poco fidedignas aportadas por la acusación, según las cuales el feto estaba vivo y tenía existencia autónoma cuando su madre lo mató, y habría respirado durante unos momentos tras el nacimiento y antes de ser asesinado. El hecho de que jueces y fiscales no garanticen la adecuada defensa de las acusadas –que a menudo provienen de entornos pobres o desfavorecidos– y la inexistencia de garantías procesales han suscitado serias preocupaciones sobre la discriminación contra las mujeres y la las sentencias condenatorias infundadas.
En mayo de 2011, Lesley Karina Zamora, de Mexicali, Baja California, salió de prisión preventiva a raíz de un recurso tras pasar dos años encarcelada. Había sido condenada por homicidio agravado en razón de parentesco y condenada a 23 años sobre la base de las poco fidedignas pruebas forenses mencionadas anteriormente, según las cuales había matado a su hijo tras el nacimiento. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos apoyaron los esfuerzos que estaban haciendo sus abogados para hacer notar que se le había negado el acceso a una defensa eficaz durante su juicio y que las pruebas de la acusación, basadas en tests poco fidedignos realizados sobre tejido pulmonar, habían sido aceptadas por el tribunal sin la evaluación adecuada, mientras que las pruebas de aborto espontáneo habían sido desestimadas sin justificación. En un caso similar, una joven indígena de 25 años del estado de Guerrero sigue encarcelada en Chilpancingo, a la espera del resultado de una revisión de su caso por parte del poder judicial federal. La joven está recluida desde 2006 y fue condenada a 22 años de prisión por homicidio agravado en razón de parentesco. Según la información estudiada por Amnistía Internacional, la acusación ignoró las pruebas que demostraban que había abortado espontáneamente y falseó pruebas para acusarla de asesinato premeditado. El resultado de la apelación está pendiente.
Recomendaciones:
Garantizar la eliminación de cualquier obstáculo legal al acceso a la atención médica en el área reproductiva para todas las mujeres;
Velar por que los gobiernos federal y estatales garanticen que todas las mujeres embarazadas tras una violación o una relación incestuosa pueden acceder a un servicio de aborto legal y seguro, debiéndose publicar procedimientos vinculantes que garanticen el cumplimiento de este derecho en todos los estados;
Proporcionar capacitación e información pública sobre dichos procedimientos y sobre los procedimientos médicos NOM-046, y publicar las evaluaciones sobre su aplicación.
Garantizar que todas las mujeres cuyos hijos o hijas mueran durante el embarazo o poco después de nacer no son sometidas a procesos y sentencias condenatorias injustas e infundadas, salvaguardando su derecho a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y al acceso a una defensa legal eficaz.
Revisar las normas sobre pruebas de muerte fetal y de recién nacidos a fin de aplicar las buenas prácticas internacionales y excluir pruebas forenses poco fidedignas
www.amnesty.org
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