Las mujeres salvadoreñas demandaron en marzo a su estado por detenciones arbitrarias y trato cruel . Apoyamos a estas mujeres en su lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las salvadoreñas. El caso de Manuela nos muestra la desprotección, penalización y control arbitrario que sufren las mujeres en este estado( que desgraciadamente no es único, en este tipo de comportamientos ) :
LA AGRUPACIÓN CIUDADANA POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO TERAPEUTICO, ÉTICO Y EUGENESICO PRESENTA UNA DEMANDA INTERNACIONAL AL ESTADO SALVADOREÑO POR DETENCIONES ARBITRARIAS Y TRATO CRUEL ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
Este día la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local en representación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto terapéutico, ético y eugenésico, en alianza con el Centro de Derechos Reproductivos, presenta una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se plantea la problemática y la violentación de derechos humanos de Manuela (nombre ficticio) una mujer salvadoreña de 33 años y madre de dos hijos, que fue acusada de homicidio agravado y sentenciada a 30 años de prisión tras sufrir una grave emergencia obstétrica.
La demanda está orientada a que el Estado responda por la violación a los Derechos Humanos en el caso de Manuela.
ESTAMOS HOY DEMANDANDO AL ESTADO SALVADOREÑO FRENTE A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE OTRAS MUJERES NO SE VEAN FORZADAS A ENFRENTAR EL MISMO DRAMA Y LAS MISMAS INJUSTICIAS QUE MANUELA Y SU FAMILIA TUVIERON QUE VIVIR Y LAS QUE SIGUEN SUFRIENDO.
Esta es la primera vez que un organismo internacional de derechos humanos va a analizar un caso de una mujer que terminó siendo criminalizada por buscar ayuda médica en un hospital público tras tener complicaciones de parto.
Este caso expondrá las dramáticas consecuencias de penalizar de manera absoluta el aborto, y presionará a El Salvador para que deje su frenética persecución contra las mujeres, al punto de convertir las salas de emergencia de los hospitales y los cuerpos de las mujeres en escenas de un crimen.
Nuestro caso alega que a causa de la prohibición absoluta del aborto a Manuela se levulneró sus derechos a:
La vida
La integridad personal
La libertad
Su derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Su derecho a un juicio justo y a protección judicial.
Su derecho a la igualdad y a no ser discriminada
Su derecho a no ser violentada sobre la base de estereotipos de género
Su derecho a que el personal médico respetara el secreto profesional.
En los próximos meses, estaremos presentando una nueva demanda por un caso similar, pues hemos seguido documentando que éste no es un caso aislado, sino que hace parte de una realidad terriblemente dura que afecta sobre todo a las mujeres más pobres de éste país.
EL SALVADOR ES UNO DE LOS CINCO PAÍSES EN LATINOAMERICA (Nicaragua, Honduras, República Dominicana, y Chile) QUE PROHÍBEN EL ABORTO DE MANERA ABSOLUTA, INCLUSO EN LOS CASOS EN QUE BUSCA PROTEGER LA VIDA O LA SALUD DE LA MUJER EMBARAZADA. EL SALVADOR ES EL PAÍS DONDE MAS SE CRIMINALIZA A LAS MUJERES.
El aborto era legal bajo algunas circunstancias en El Salvador hasta 1998, año en que entro en vigencia la ley que penaliza el aborto por completo.
La implementación de la penalización del aborto es tan extrema, que cuerpos policiales y de administración de justicia, ante una denuncia desplazan rápidamente a numerosos contingentes a las salas de emergencia de los hospitales públicos, para detener, custodiar y forzar confesiones de las mujeres sin presencia de un abogado, pese a que las mujeres todavía se encuentran en situaciones críticas de salud.
Cuando una mujer ha llegado con una hemorragia al hospital, algún personal de salud no sólo viola su deber de confidencialidad, sino que incluso antes de hacer una evaluación completa de lo ocurrido, asumiendo que la mujer se ha provocado un aborto de manera voluntaria y la denuncian ante la policía,
muchas veces descuidando fatalmente el cuidado de salud de emergencia que esas mujeres están requiriendo.
Esta legislación coloca en una encrucijada al personal de salud, muchas y muchos quieren cumplir con su responsabilidad ética frente a sus pacientes, pero se ven forzados a violar el secreto profesional por el miedo a ser denunciados por el delito de omisión de aviso regulado en el artículo 312 del
Código Penal.
Como consecuencia, muchas mujeres que tienen abortos espontáneos o complicaciones de parto incluso con mortinatos, terminan acusadas y sentenciadas por asesinato, siendo condenadas a décadas de prisión.
CASO MANUELA
La historia de Manuela demuestra los resultados fatales de la legislación salvadoreña que prohíbe el aborto en todas las circunstancias: Manuela llegó al hospital buscando atención médica de emergencia, en estado
inconsciente y con una fuerte hemorragia, el personal médico la trató como si ella se hubiese provocado un aborto e inmediatamente la denunció a las autoridades policiales. Fue esposada a su cama en el hospital y acusada de homicidio.
Manuela fue condenada a 30 años de prisión sin haber hablado jamás con su abogado de oficio, sin haber tenido la oportunidad de pronunciarse en su propia defensa, y sin derecho a apelar la decisión. Sorprendentemente, el juez que falló el caso afirmó que “su instinto materno debió haber prevalecido” y “que ella debió haber protegido al feto”.
Tras varios meses en prisión, se descubrió que los tumores que Manuela tenía desde hacía varios años, tumores en el cuello que eran evidentes a simple vista y por los que pidió ayuda médica más de una vez sin ser diagnosticada, eran un linfoma de Hodgkin avanzado, un cruel cáncer linfático que tuvo directa relación con la emergencia obstétrica que se presentó.
Trágicamente, Manuela nunca recibió el tratamiento adecuado para su enfermedad, Cuando finalmente recibió quimioterapia, no recibió el tratamiento completo que requería, y fue forzada a soportar los efectos secundarios del tratamiento en la cárcel, donde vivía en condiciones no higiénicas, hacinada con cientos de otras reclusas y soportando extremas temperaturas.
Manuela murió en prisión en 2010, dejando huérfanos a sus dos hijos pequeños. Su enfermedad pudo haberse detectado a tiempo, si Manuela hubiera recibido una adecuada atención médica cuando consultó por los tumores, y si el personal médico el día de la emergencia le hubiese prestado una mínima atención a su estado de salud, en lugar de preocuparse únicamente por encarcelarla. El aborto en El Salvador fue legal bajo determinadas circunstancias muy limitadas, pero incluso esas excepciones fueron eliminadas en 1998, con la vigencia del actual código penal. El Salvador es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe – además de Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile- donde el aborto se prohíbe de manera absoluta, incluso cuando peligran la vida o salud de la mujer
Conforme a la ley salvadoreña, quien realice un aborto con el consentimiento de la mujer, o la mujer que se lo practique o consienta a que alguien se lo practique, puede ser condenado a una pena de hasta ocho años de prisión.
Pero al igual que Manuela, muchas mujeres que sufren abortos espontáneos o complicaciones obstétricas no sólo son acusadas de haber cometido un delito, sino que son procesadas por homicidio agravado en relación al parentesco, delito que tiene una pena de hasta 50 años de prisión, y condenadas a permanecer durante
décadas tras las rejas.
Esta batalla legal marca la primera vez que una instancia judicial internacional va a conocer el caso de una mujer que es condenada a prisión tras buscar atención médica por una emergencia obstétrica, como resultado de una prohibición absoluta del aborto. En el caso se muestra cómo la prohibición total del aborto en El Salvador viola una serie de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, a un trato humanitario, y el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial.
San Salvador, 21 de marzo de 2012
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