Las autoridades de Colombia no han hecho avances reales para que comparezcan ante la justicia los responsables de crímenes sexuales relacionados con el conflicto, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado en estos dias.
El informe, titulado Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el conflicto, examina las medidas adoptadas por las autoridades en el último año para garantizar que responden ante la justicia los presuntos responsables penales de actos de violencia sexual cometidos en el largo conflicto armado que afecta al país.
“Al no investigar efectivamente la violencia sexual contra la mujer, las autoridades de Colombia transmiten a los perpetradores el peligroso mensaje de que pueden seguir violando y cometiendo abusos sexuales sin temor a las consecuencias”, declaró Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.
“El respeto a los derechos humanos debe ocupar el primer lugar del orden del día de las próximas conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin un compromiso claro de todas las partes del conflicto para poner fin a la violencia sexual y a otros abusos contra los derechos humanos no puede haber una paz duradera y estable en Colombia”.
En el contexto del conflicto armado de Colombia, las mujeres son escogidas como víctimas de violencia sexual para sembrar el terror en las comunidades y obligarlas a huir de sus tierras, vengarse del enemigo, controlar los derechos sexuales y reproductivos de las combatientes o explotar a mujeres y niñas como esclavas sexuales.
Un número cada vez mayor de defensoras de derechos humanos que trabajan para denunciar los abusos y combatirlos es, a su vez, objeto de amenazas y ataques.
La violencia sexual, sobre todo en el contexto del conflicto, no se suele denunciar a las autoridades, pues las mujeres suelen sentirse demasiado atemorizadas para hablar, temen la estigmatización que conlleva ser una sobreviviente de la violencia sexual o creen que el delito no será investigado efectivamente.
Los obstáculos para obtener justicia incluyen la ausencia de seguridad efectiva para las sobrevivientes y para quienes intervienen en las actuaciones judiciales, la discriminación y estigmatización de las sobrevivientes por las autoridades judiciales, y la inexistencia de una estrategia integral para combatir la impunidad en estos casos.
Las deficiencias burocráticas, la falta de fondos y la infiltración de grupos armados ilegales en las instituciones estatales locales también obstruyen la capacidad del sistema de justicia civil para hacer justicia.
“El problema en Colombia no reside principalmente en la ausencia de leyes, resoluciones, decretos, protocolos y directivas relativamente buenos, que existen y en gran número, sino que no se aplican de forma efectiva y sistemática en todo el país”,añadió Pollack.
Varias autoridades de alto nivel —como el Vicepresidente Angelino Garzón y el Fiscal General de la Nación— han expresado públicamente su compromiso con que se haga justicia para las sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto.
También se han presentado varias iniciativas legislativas durante el pasado año que, de ser aplicadas efectivamente, podrían tener un impacto positivo en el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Este mismo año, los legisladores Iván Cepeda y Ángela María Robledo, con el apoyo de Pilar Rueda, defensora delegada para los Derechos de la Mujer, la Niñez y la Juventud del Defensor del Pueblo, presentaron un proyecto de ley ante el Congreso para combatir la impunidad en los casos de crímenes sexuales relacionados con el conflicto.
De ser aprobada, esta ley, entre otras cosas, modificaría el Código Penal para reflejar las normas internacionales y tipificar la violencia sexual relacionada con el conflicto como delito específico en la legislación nacional.
Sin embargo, también hay varios proyectos legislativos que podrían debilitar las medidas que se adopten para hacer que respondan ante la justicia los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional.
Uno de los proyectos de ley que debate actualmente el Congreso reforzará el papel del sistema de justicia militar en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de derecho internacional en los que estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad. Aunque el proyecto establece que los delitos sexuales relacionados con el conflicto quedan excluidos de la jurisdicción militar, confiere al sistema de justicia militar un mayor control sobre la fase inicial y, por tanto, crucial, de la investigación.
Otra iniciativa legislativa, conocida como “marco legal para la paz”, fue aprobada por el Congreso en junio de 2012 y promulgada por el Presidente Santos poco después.
La ley podría permitir que los autores de abusos contra los derechos humanos, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, se beneficien de amnistías de facto. Además, conferirá al Congreso la facultad de suspender el cumplimiento de las penas de prisión impuestas a miembros de las partes en conflicto, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad.
“El único modo de acabar con la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en Colombia es garantizando que los presuntos responsables penales comparezcan ante la justicia”, añadió Pollack.
“Si Colombia sigue sin poder hacer que los responsables de crímenes sexuales relacionados con el conflicto respondan ante la justicia de sus actos, o no está realmente dispuesta a hacerlo, podría ser necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional”.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Colombia que elaboren y apliquen un plan de acción efectivo, integral e interdisciplinario para abordar la violencia sexual contra la mujer y que apoyen el proyecto de ley “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado” que actualmente debate el Congreso.
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