Digna Ochoa y Plácido (Misantla, Veracruz, 15 de mayo de 1964 - México, D.F., 19 de octubre de 2001) fue una abogada defensora de los derechos humanos en México
El 19 de octubre de 2001 fue asesinada en la Ciudad de México la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Originaria de Veracruz dedicó su vida a defender en Juzgados a la gente pobre, especialmente indígenas.
Ella fue la abogada de personas como los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, a los hermanos Cerezo Contreras, a indígenas acusados de pertenecer al EZLN y defender a los deudos de los asesinados en las masacres de Aguas Blancas y el Charco.
Las constantes amenazas que sufrió por parte de caciques locales de Guerrero y del Ejército Mexicano la obligaron a buscar refugio en Washington, USA, donde vivió hasta poco antes de su muerte.
Luego de su asesinato, los responsables constitucionales de procurar justicia en el Distrito Federal, Bernardo Bátiz como Procurador General de Justicia, y Andres Manuel López Obrador como su superior inmediato, acordaron y llevaron a cabo la destrucción de la escena del crimen (lavaron hasta la alfombra para hacer una "reconstrucción de hechos" ante los medios y "pisaron accidentalmente" un casquillo percutido entre otros "errores"), falsearon los resultados de la autopsia, encargada al que entonces era Jefe del Servicio Médico Forense, un acusado por la propia Digna Ochoa en alguno de sus casos como un violador de derechos humanos, y una larga lista de impúdicas acciones encaminadas a desvanecer la investigación del asesinato.
No contentos con ello, y ante las presiones nacionales e internacionales por su actuación, Bátiz y Obrador iniciaron una pestilente campaña en medios de comunicación para ensuciar y difamar a Digna Ochoa, revelando un falso perfil psicológico que la catalogaba como esquizoide, paranóica y depresiva, oficializando desde la izquierda partidista que los defensores de derechos humanos que dicen ser acosados o perseguidos, lo hacen por estar locos.
Se cumplieron hace unos dias 11 años de su asesinato. Más de una década de injusticia, difamación e impunidad. El régimen gobernante en su conjunto (derecha e izquierda) actuó, con distintos intereses, para aniquilar física y moralmente la defensa de los derechos humanos. Unos asesinando para proteger sus negocios ilegales, otros ocultando el crimen para no perjudicar sus carreras políticas.
La memoria de su vida consagrada a la lucha por los desprotegidos perdura abajo y a la izquierda como la más noble y sacrificada entrega a la lucha por la libertad, la democracia y la justicia.
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