Para visibilizar los problemas con que las mujeres se encuentran en su búsqueda de justicia cuando han sido victimas de violencia de género en el Estado Español, Amnistía Internacional ha elaborado una investigación. Traemos aquí los casos de algunas
Heroínas que siguen enfrentado todos los prejuicios patriarcales de las sociedad cuando buscan la protección que se le dice que demanden. Como queda demostrado por estos casos y por otros que también conocemos la Justicia no es tal para estas mujeres. Produciéndose las siguientes consecuencias de las deficiencias de la actuación judicial :
Las víctimas sufren un retroceso en su proceso de recuperación psicológica.
Las mujeres se ven disuadidas para presentar una nueva denuncia y buscan su protección al margen del sistema judicial.
Los agresores se sienten legitimados ante la falta de reproche de su conducta violenta.
La falta de incentivo de las buenas prácticas y de ausencia de mecanismos de rendición de cuentas ante la mala praxis puede estar consolidando las malas prácticas profesionales entre los operadores del sistema judicial.
Caren, mala calidad de
asistencia letrada
Caren (nombre
ficticio) una mujer ecuatoriana de 28 años que reside en España en
situación irregular denunció la violencia que ejercía sobre ella su compañero
íntimo y obtuvo una orden de protección judicial. En enero de 2012 acudió a una
comisaría de policía para informarse de su plan de seguridad, derivado de la
orden de protección. Una vez allí, las fuerzas de seguridad, contraviniendo lo
previsto en la Ley de Extranjería que impide la expulsión de una mujer con
orden de protección judicial, detuvieron e ingresaron a Caren dos días en otra
comisaría. Al tercer día, sin permitirle contactar con su familia (aun
conociendo los agentes que Caren es madre de tres hijas menores de edad), sin
ropa y sin dinero, la condujeron al aeropuerto para ser expulsada en un avión
con destino a Quito.
La
abogada que asistió a Caren en el procedimiento de expulsión conocía la
existencia de una orden de protección derivada de la condición de esta mujer de
víctima de violencia, pero no lo hizo constar en el recurso contra la orden de
expulsión, a pesar de que este dato hubiera podido paralizar la orden. En
ningún momento existió contacto entre las dos abogadas de oficio asignadas, la
de violencia de género y la de extranjería.
Elena,
cuando la víctima es juzgada
Tras más de cinco años de
violencia psicológica y sexual y de continuas amenazas tras la separación, Elena (nombre ficticio) decidió
denunciar a su ex-marido. Cuando recibió la citación judicial, telefoneó a su
abogada de oficio y le pidió una cita para preparar el juicio, a lo que la
letrada le respondió que ya se encontrarían el mismo día una hora antes en el
juzgado. El día del juicio, ella y su hija (mayor edad y testigo directo de la
mayoría de las agresiones) acudieron al juzgado una hora antes, pero allí no
encontraron a la abogada. Tras media hora de espera, Elena llamó a la letrada y
ésta le comunicó que le había surgido otra gestión y que no podría acudir al
juicio, pero que acudiría un compañero del despacho. Diez minutos antes de
entrar en la sala, se presentó un abogado que, tras afirmar que no era
especialista en violencia de género, le dijo que no se preocupara.
Elena recuerda la entrada en
la Sala de vistas, momento para el que nadie la había preparado: “yo vi a una serie de personas allí sentadas,
que nadie me presentó cuando entré, y que no sabía quiénes eran”. Recuerda
que se sintió mal tratada durante el interrogatorio en el que, tanto a ella
como a su hija, les hicieron preguntas dirigidas a desacreditar su testimonio.
Su abogado permaneció callado durante el interrogatorio a ella y a su hija y
tampoco les formuló ninguna pregunta. A la salida del juicio, Elena recuerda
haber sentido un gran malestar. Días más tarde recibió la sentencia absolutoria
por falta de prueba de cargo suficiente, cuyo principal argumento era que en el
juicio se había probado que, tanto Elena como su hija, sentían “animadversión”
hacia el acusado.
El día en que Amnistía Internacional
entrevistó a Elena, ésta se declaró
psicológicamente abatida. Ninguna de sus denuncias por violencia de género
había derivado en una condena para su agresor. Sin embargo, acababa de conocer
que el juzgado de instrucción había dado cauce a una denuncia presentada contra
ella por su agresor por un delito de “denuncia falsa”. Así relató lo que sintió
al recibir el escrito de acusación del Fiscal, que pedía la apertura de juicio
oral y la condena de 3.000 euros para ella: “fui al juzgado, me estaban leyendo los cargos, y yo pensaba ¿pero qué
es esto? Yo creía que sería un juicio de faltas, pero ¡me llevan al penal!
¡Todas mis denuncias archivadas o absuelto y a una denuncia totalmente falsa
que me pone él para seguir machacándome, le dan cauce!”.
Ana, falta de investigación de abusos
sexuales a niñas
Ana, (nombre ficticio)
de seis años de edad, comenzó desde muy pequeña a expresar rechazo a
relacionarse con su padre del que decía que “le hace daño”. Con cuatro años
comenzó a presentar síntomas físicos de abuso sexual (al regreso de un periodo
de estancia con su padre fue diagnosticada de vaginitis). En las horas previas
a las visitas paternas sufría insomnio, pesadillas, trastornos alimenticios, e
incluso graves crisis de ansiedad y autolesiones. A los cinco años Ana le
relató a su madre y a varias profesionales los abusos sexuales sufridos por
parte de su padre durante el régimen de visitas.
La madre de Ana denunció los hechos y aportó al juzgado,
además de los partes médicos e informes de la psicóloga de la niña, otros
documentos de servicios que habían tratado a Ana (Hospital psiquiátrico
infantil, Servicio de Urgencias Médicas). Tras la denuncia, Ana fue citada a
una exploración en el juzgado en presencia del juez, la fiscal, su abogada y
una perito forense. Allí relató una vez más los abusos sexuales sufridos y
pidió protección al juez. Antes de terminar la exploración, se le pidió a Ana
que repitiera con gestos, sobre su propio cuerpo, los detalles de cómo y dónde
le había agredido su padre. Ante esta petición, la niña se paralizó y renunció a
continuar el relato tapándose el rostro con un abrigo.
Este gesto y el lenguaje maduro de Ana fueron interpretados
por el juez y la fiscal como un indicador de falta de credibilidad de su
testimonio. Tras la exploración, el juez dictó auto de sobreseimiento
provisional por “falta de indicios de delito”, en el que afirmaba que “el testimonio de la niña no es nada creíble,
es más, parece totalmente inducido por su madre, con la que convive, haciendo
manifestaciones impropias de una niña de su edad, y en momentos en que nada se
le pregunta al respecto, como pudo ser un momento de la explotación en que por
propia iniciativa refiriera que antes prefiere morirse que estar con su papá”.
En
el mismo auto el juez decidió denegar las pruebas periciales y testificales
solicitadas por la representación legal de la niña, que podrían contribuir a
esclarecer los hechos, por considerarlas “innecesarias”. El sobreseimiento ha motivado una resolución del
juzgado de familia que ordena reanudar inmediatamente el contacto entre el
padre y la niña, bajo apercibimiento de cambio de guarda y custodia a favor del
padre y multa de 500 € a la madre, por cada mes que la niña no se relacione con
el padre.
María,
cuando la solución es vivir escondida
María
(nombre
ficticio)
es una mujer de 29 años sobreviviente de violencia física, psicológica y
sexual. Sufrió lesiones que le impidieron caminar durante seis meses y siguió
recibiendo graves amenazas e incluso agresiones, durante los más de cuatro años
que duró la instrucción de su caso. Denunció estos hechos, pero sin ningún
resultado, lo que le llevó a huir de su lugar de residencia. María albergaba la
esperanza de que en el juicio se le permitiese relatar lo vivido y que, tras
ello, finalmente se hiciera justicia y ella fuera protegida. Sin embargo, sus
expectativas se vieron frustradas y su agresor resultó absuelto. Hoy, dos años
y medio después del juicio, sigue amenazada por su agresor y permanece
escondida en un municipio sin siquiera empadronarse para no dejar rastro.
Al ser entrevistada por Amnistía Internacional,
describió así el juicio oral: “Yo he venido aquí a contarlo todo, que él
me ha maltratado y que me está haciendo la vida imposible. Y que he tenido que
dejarlo todo, y que él está viviendo su vida y su libertad…Y me encuentro con
que se me cuestiona porque estoy loca, porque fui a una psicóloga en un momento
de mi vida, porque he decidido abortar de él, que es un maltratador…, y eso,
todo, es lo importante. Y cuando yo quiero hablar, “pero es que a mí…, me
tiraron en la calle, me persigue”, la respuesta es “no procede, remítase a los
autos, Señorita: ¿el día 2 de agosto…?” Y les bailaban las fechas, la Fiscal me
preguntaba por cosas que habían ocurrido pero en fechas distintas…Y yo decía,
no es verdad, sí es cierto el hecho, pero no las fechas ni la forma de…Y el
juez, “ah, entonces ¿no ha pasado?”
A
mi abogado el juez no le dejaba hacer preguntas, le cortaba. Con él estuve unos
pocos minutos y con el abogado defensor, más de un cuarto de hora. Me preguntó
de todo, salieron temas de mi vida privada, delante de todo el mundo, y yo
pensaba: ¡yo no estoy aquí sentada para que me juzguen a mí!, es que yo he
venido aquí para decir que ese señor me ha maltratado y continúa maltratándome
a día de hoy, y ustedes no están haciendo nada. Y no me dejaron. Salí
destrozada, destrozada (…) En el juicio se habló de todo, menos de mis malos
tratos”.
Agradecemos el trabajo de Maria, Elena , Alicia, Betta y Angela ( otras Heroínas de a pie )
Aquel@s que se han quedado han decidido colocar su lente lejos de temas con carga política y en su lugar documentar enfáticamente las críticas de tejido social de Irán, que es en última instancia mucho más potente que una imagen del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dando un discurso.
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