¿¿Justicia especializada en violencia de género ??

Para visibilizar los problemas con que las mujeres se encuentran en su búsqueda de justicia cuando han sido victimas de violencia de género en el Estado Español, Amnistía Internacional ha elaborado una investigación. Traemos aquí los casos de algunas Heroínas  que siguen enfrentado todos los prejuicios patriarcales de las sociedad cuando buscan la protección que se le dice que demanden. Como queda demostrado por estos casos y por otros que también conocemos la Justicia no es tal para estas mujeres. Produciéndose las siguientes consecuencias de las deficiencias de la actuación judicial :

Las víctimas sufren un retroceso en su proceso de recuperación psicológica. 
Las mujeres se ven disuadidas para presentar una nueva denuncia y buscan su protección al margen del sistema judicial. 
Los agresores se sienten legitimados ante la falta de reproche de su conducta violenta. 
La falta de incentivo  de las buenas prácticas y de ausencia de mecanismos de rendición de cuentas ante la mala praxis puede estar consolidando las malas prácticas profesionales entre los operadores del sistema judicial.  

Caren, mala calidad de asistencia letrada

Caren (nombre ficticio) una mujer ecuatoriana de 28 años que reside en España en situación irregular denunció la violencia que ejercía sobre ella su compañero íntimo y obtuvo una orden de protección judicial. En enero de 2012 acudió a una comisaría de policía para informarse de su plan de seguridad, derivado de la orden de protección. Una vez allí, las fuerzas de seguridad, contraviniendo lo previsto en la Ley de Extranjería que impide la expulsión de una mujer con orden de protección judicial, detuvieron e ingresaron a Caren dos días en otra comisaría. Al tercer día, sin permitirle contactar con su familia (aun conociendo los agentes que Caren es madre de tres hijas menores de edad), sin ropa y sin dinero, la condujeron al aeropuerto para ser expulsada en un avión con destino a Quito.

La abogada que asistió a Caren en el procedimiento de expulsión conocía la existencia de una orden de protección derivada de la condición de esta mujer de víctima de violencia, pero no lo hizo constar en el recurso contra la orden de expulsión, a pesar de que este dato hubiera podido paralizar la orden. En ningún momento existió contacto entre las dos abogadas de oficio asignadas, la de violencia de género y la de extranjería.

Elena, cuando la víctima es juzgada

Tras más de cinco años de violencia psicológica y sexual y de continuas amenazas tras la separación, Elena (nombre ficticio) decidió denunciar a su ex-marido. Cuando recibió la citación judicial, telefoneó a su abogada de oficio y le pidió una cita para preparar el juicio, a lo que la letrada le respondió que ya se encontrarían el mismo día una hora antes en el juzgado. El día del juicio, ella y su hija (mayor edad y testigo directo de la mayoría de las agresiones) acudieron al juzgado una hora antes, pero allí no encontraron a la abogada. Tras media hora de espera, Elena llamó a la letrada y ésta le comunicó que le había surgido otra gestión y que no podría acudir al juicio, pero que acudiría un compañero del despacho. Diez minutos antes de entrar en la sala, se presentó un abogado que, tras afirmar que no era especialista en violencia de género, le dijo que no se preocupara.

Elena recuerda la entrada en la Sala de vistas, momento para el que nadie la había preparado: “yo vi a una serie de personas allí sentadas, que nadie me presentó cuando entré, y que no sabía quiénes eran”. Recuerda que se sintió mal tratada durante el interrogatorio en el que, tanto a ella como a su hija, les hicieron preguntas dirigidas a desacreditar su testimonio. Su abogado permaneció callado durante el interrogatorio a ella y a su hija y tampoco les formuló ninguna pregunta. A la salida del juicio, Elena recuerda haber sentido un gran malestar. Días más tarde recibió la sentencia absolutoria por falta de prueba de cargo suficiente, cuyo principal argumento era que en el juicio se había probado que, tanto Elena como su hija, sentían “animadversión” hacia el acusado.

El día en que Amnistía Internacional entrevistó a Elena, ésta se declaró psicológicamente abatida. Ninguna de sus denuncias por violencia de género había derivado en una condena para su agresor. Sin embargo, acababa de conocer que el juzgado de instrucción había dado cauce a una denuncia presentada contra ella por su agresor por un delito de “denuncia falsa”. Así relató lo que sintió al recibir el escrito de acusación del Fiscal, que pedía la apertura de juicio oral y la condena de 3.000 euros para ella: “fui al juzgado, me estaban leyendo los cargos, y yo pensaba ¿pero qué es esto? Yo creía que sería un juicio de faltas, pero ¡me llevan al penal! ¡Todas mis denuncias archivadas o absuelto y a una denuncia totalmente falsa que me pone él para seguir machacándome, le dan cauce!”.

Ana, falta de investigación de abusos sexuales a niñas

Ana, (nombre ficticio) de seis años de edad, comenzó desde muy pequeña a expresar rechazo a relacionarse con su padre del que decía que “le hace daño”. Con cuatro años comenzó a presentar síntomas físicos de abuso sexual (al regreso de un periodo de estancia con su padre fue diagnosticada de vaginitis). En las horas previas a las visitas paternas sufría insomnio, pesadillas, trastornos alimenticios, e incluso graves crisis de ansiedad y autolesiones. A los cinco años Ana le relató a su madre y a varias profesionales los abusos sexuales sufridos por parte de su padre durante el régimen de visitas.

La madre de Ana denunció los hechos y aportó al juzgado, además de los partes médicos e informes de la psicóloga de la niña, otros documentos de servicios que habían tratado a Ana (Hospital psiquiátrico infantil, Servicio de Urgencias Médicas). Tras la denuncia, Ana fue citada a una exploración en el juzgado en presencia del juez, la fiscal, su abogada y una perito forense. Allí relató una vez más los abusos sexuales sufridos y pidió protección al juez. Antes de terminar la exploración, se le pidió a Ana que repitiera con gestos, sobre su propio cuerpo, los detalles de cómo y dónde le había agredido su  padre. Ante esta  petición, la niña se paralizó y renunció a continuar el relato tapándose el rostro con un abrigo.

Este gesto y el lenguaje maduro de Ana fueron interpretados por el juez y la fiscal como un indicador de falta de credibilidad de su testimonio. Tras la exploración, el juez dictó auto de sobreseimiento provisional por “falta de indicios de delito”, en el que afirmaba que “el testimonio de la niña no es nada creíble, es más, parece totalmente inducido por su madre, con la que convive, haciendo manifestaciones impropias de una niña de su edad, y en momentos en que nada se le pregunta al respecto, como pudo ser un momento de la explotación en que por propia iniciativa refiriera que antes prefiere morirse que estar con su papá”.

En el mismo auto el juez decidió denegar las pruebas periciales y testificales solicitadas por la representación legal de la niña, que podrían contribuir a esclarecer los hechos, por considerarlas “innecesarias”. El  sobreseimiento ha motivado una resolución del juzgado de familia que ordena reanudar inmediatamente el contacto entre el padre y la niña, bajo apercibimiento de cambio de guarda y custodia a favor del padre y multa de 500 € a la madre, por cada mes que la niña no se relacione con el padre.

María, cuando la solución es vivir escondida

María (nombre ficticio) es una mujer de 29 años sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual. Sufrió lesiones que le impidieron caminar durante seis meses y siguió recibiendo graves amenazas e incluso agresiones, durante los más de cuatro años que duró la instrucción de su caso. Denunció estos hechos, pero sin ningún resultado, lo que le llevó a huir de su lugar de residencia. María albergaba la esperanza de que en el juicio se le permitiese relatar lo vivido y que, tras ello, finalmente se hiciera justicia y ella fuera protegida. Sin embargo, sus expectativas se vieron frustradas y su agresor resultó absuelto. Hoy, dos años y medio después del juicio, sigue amenazada por su agresor y permanece escondida en un municipio sin siquiera empadronarse para no dejar rastro.

Al ser entrevistada por Amnistía Internacional, describió así el juicio oral:  “Yo he venido aquí a contarlo todo, que él me ha maltratado y que me está haciendo la vida imposible. Y que he tenido que dejarlo todo, y que él está viviendo su vida y su libertad…Y me encuentro con que se me cuestiona porque estoy loca, porque fui a una psicóloga en un momento de mi vida, porque he decidido abortar de él, que es un maltratador…, y eso, todo, es lo importante. Y cuando yo quiero hablar, “pero es que a mí…, me tiraron en la calle, me persigue”, la respuesta es “no procede, remítase a los autos, Señorita: ¿el día 2 de agosto…?” Y les bailaban las fechas, la Fiscal me preguntaba por cosas que habían ocurrido pero en fechas distintas…Y yo decía, no es verdad, sí es cierto el hecho, pero no las fechas ni la forma de…Y el juez, “ah, entonces ¿no ha pasado?”

A mi abogado el juez no le dejaba hacer preguntas, le cortaba. Con él estuve unos pocos minutos y con el abogado defensor, más de un cuarto de hora. Me preguntó de todo, salieron temas de mi vida privada, delante de todo el mundo, y yo pensaba: ¡yo no estoy aquí sentada para que me juzguen a mí!, es que yo he venido aquí para decir que ese señor me ha maltratado y continúa maltratándome a día de hoy, y ustedes no están haciendo nada. Y no me dejaron. Salí destrozada, destrozada (…) En el juicio se habló de todo, menos de mis malos tratos”.  

Agradecemos el trabajo  de Maria, Elena , Alicia, Betta y Angela ( otras Heroínas de a pie ) 

Imagen de Dispersión1 de Maria Jesus Hernández Sánchez