Octubre de 2013
Nosotras, impulsadas por nuestra fuerza, convicción y compromiso y apoyadas en las voces de nuestras ancestras, que nos legaron la lucha por la igualdad, equidad, justicia social y justicia de género, no discriminación, la dignidad de las mujeres, sus pueblos, sus territorios y la defensa de la naturaleza.
Nosotras, esas voces que ni el patriarcado, ni el capitalismo han podido callar, consideramos que este es el momento en el que las exigencias y propuestas del movimiento de mujeres, deben ser escuchadas y asumidas por el Estado ecuatoriano y la sociedad en su conjunto.
Nosotras, mujeres de campo y ciudad, mujeres de los manglares, mujeres rurales, de los barrios, cooperativas, mujeres urbano populares, campesinas, trabajadoras, jóvenes, estudiantes, profesionales, trabajadoras sexuales, lesbianas, indígenas, negras, adultas mayores, con capacidades especiales, unidas en la fuerza de las diversidades.
Reconocemos:
Que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, laico y plurinacional, lo implica el reconocimiento de los sujetos de derechos específicos y la obligatoriedad del Estado de garantizar todos sus derechos.
Que en el Ecuador se ha legitimado la paridad electoral, la distribución de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia en la lista de medicamentos del Sistema de Salud Pública y la creación de los Juzgados Especializados contra la violencia a la Mujer y la Familia, que son resultado de nuestras luchas históricas como movimiento de mujeres.
Expresamos:
Que el régimen actual ha reforzado un modelo económico de explotación de la naturaleza afectando especialmente a las comunidades, pueblos y nacionalidades, mediante el apoyo a la minería a gran escala y la agroindustria.
Que la ausencia de una real y equitativa reforma agraria, sumada al modelo extractivista y colonizador de nuestros pueblos territorios, ha generado una re-primarización de la economía nacional que profundiza la división sexual del trabajo en términos patriarcales y capitalistas, afectando directamente la vida de las mujeres por la enorme carga de trabajo reproductivo y productivo que se nos asigna, así como por la expansión vertiginosa de la colonización de los cuerpos de las mujeres y las niñas..
Que el cambio de la matriz productiva, no puede centrarse en el extractivismo, ni en la modernización del capitalismo y de la neocolonialización.
ALERTAMOS que este proceso puede decantar en una mayor feminización de la pobreza y una mayor denigración de las mujeres como sujetos de dignidad y de derechos.
Demandamos a los cinco poderes del Estado:
• Garantizar una economía social, solidaria y para la vida, que rompa relaciones de explotación, mercantilización de los medios de vida, fomentando la participación de los actores de la economía social y solidaria.
• Que el modelo económico no considere a la naturaleza como un objeto de explotación irracional, por lo que exigimos que la iniciativa Yasuní ITT, de mantener el petróleo bajo tierra, sea sometida a consulta popular para demostrar al mundo que es posible un verdadero cambio de matriz productiva.
• Que el modelo económico extractivista, colonizador de los cuerpos de las mujeres, genera condiciones sociales y culturales que promueven la explotación y el abuso sexual.
• Que se asegure y garantice el acceso real de las mujeres a los medios de vida como el agua, la tierra, las semillas, que mantengan la soberanía alimentaria y el mandato constitucional de No a los transgénicos.
• Que se garantice los derechos laborales y la seguridad social para las mujeres, incluidas aquellas que están dedicadas al trabajo reproductivo y al trabajo sexual.
• Que se formulen políticas públicas orientadas a promover responsabilidades compartidas en el trabajo del cuidado de la vida y creación de servicios que faciliten el ejercicio del derecho a la recreación y al descanso de las mujeres.
• Exigimos el derecho a una vida libre de violencias: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y política, desde un pluralismo jurídico con enfoque de género.
• Nuestra máxima exigencia es una Ley Orgánica de Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, la tipificación del feminicidio y el femicidio. Sin embargo, frente al contexto legislativo, demandamos de manera urgente que el Código Integral Penal incluya nuestra propuesta a las reformas de la Ley 103, la tipificación del femicidio y la violencia contra la mujer y la familia. No aceptamos retrocesos en nuestros derechos, menos aún en una Asamblea liderada por mujeres.
• Los delitos sexuales relacionados con la trata de personas deben ser tipificados desde una comprensión integral que sancione a los “consumidores” de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres, hecho repudiable que es considerado a nivel global como nueva forma de esclavitud. En concordancia con la Constitución, la legislación secundaria debe mantener esta coherencia a favor de las víctimas de trata y tráfico, incluyendo la figura del recurso efectivo para la protección y reparación de derechos.
• La despenalización total del aborto es un tema de justicia social y salud pública en el que hay que considerar los profundos problemas sociales, las altas tasas de mortalidad materna y la ausencia de garantías hacia las víctimas de violencia sexual. Las mujeres somos capaces de tomar decisiones autónomas sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida. En el contexto actual, exigimos la despenalización del aborto por violación considerado como delito de lesa humanidad, sustentado en la lacerante realidad de violencia sexual que vivimos las mujeres, niñas y adolescentes en el Ecuador.
• La superación de las desigualdades entre personas requiere de una Ley Orgánica basada en el reconocimiento de los sujetos de derechos, la implementación de sistemas de protección integral de derechos, y una institucionalidad que ejerza rectoría e incidencia en la construcción de políticas públicas, de acuerdo con el mandato Constitucional. Frente al contexto inmediato, demandamos que en la Ley Orgánica de Consejos de Igualdad se cree el Consejo de Igualdad de las Mujeres.
• Vemos con preocupación que el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en lugar de garantizar los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, - contrariando tratados y convenios internacionales y nuestra propia Constitución- criminaliza la protesta social, persigue a opositores políticos, coarta la libre asociación y participación, viola el derecho a la resistencia. Rompiendo la Constitución de garantía de derechos, el COIP aumenta penas para organizaciones, colectivos y personas, sobre todo servidores públicos, evadiendo las responsabilidades del Estado, y abre la posibilidad de que los/as operadores/as de justicia usen arbitrarias en tipificaciones abiertas y no precisas en terrorismo, financiación del terrorismo, sabotaje, rebelión, instigación y apología del delito, e incluso participación y hasta huelga. Proponemos precisión en esta tipología presente en todo el Código y consecuencia con la garantía de derechos eliminando la concepción de un derecho punitivo basado en la persecución a quienes piensan diferente tratándolos como delincuentes o más aún “enemigos internos”.
• Como mujeres organizadas rechazamos el Decreto 016, por atentatorio al derecho a la libre asociación y participación autónoma de las diversas actorías sociales.
• Propugnamos la Cultura de la Paz, basada en la justicia social, como el conjunto de principios, actitudes y herramientas que rechazan la violencia y previene los conflictos atacando sus causas, mediante el diálogo, la negociación y la restauración de los derechos violentados.
El movimiento de mujeres apoya y convoca, a otros movimientos sociales de pueblos y nacionalidades, jóvenes, ecologistas, trabajadoras/es, pobladoras/es, de diversidades sexo genéricas e intelectuales, a proclamar la necesidad de la autodeterminación de las soberanías territorial, alimentaria, energética y de los cuerpos. A que no nos acomodemos a los sistemas de injusticias, explotación, represión; A no perder la capacidad de indignación ni renuncia a nuestros derechos. Continuaremos, en resistencia, en la construcción colectiva de propuestas que aporten al desarrollo de una cultura de paz, igualdad y felicidad para todas y todos.
ACDemocracia
Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador-AMJUPRE
Cabildo de Mujeres de Quito
CEDEAL
CONFEMEC
Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador
Colectivo Nosotras
Flor del Guanto
Foro Nacional de las Mujeres
Foro de Abogadas
Frente de Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Movimiento de Mujeres de Sectores Populares y Colectivo Político Luna Creciente
Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres
Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas
Red de Mujeres de Santa Elena
Red de Mujeres Políticas del Ecuador-REMPE
Secretaría de la Mujer UNE
Veedurías Ciudadanas por la erradicación de la violencia de género
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