PRONUNCIAMIENTO
La Red de mujeres contra la violencia denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, la población en general y las mujeres nicaragüenses, que el recién publicado Decreto Presidencial 42-2014sobre la supuesta reglamentación de la Ley 779, constituye en primer lugar un acto fraudulento por que fue emitido de manera extemporáneo, en tanto la ley 846 que reformo la Ley 779 fue publicada en Octubre del año 2013 y otorgo un plazo de 60 días para la reglamentación conforme al tiempo previsto en la Constitución Política, sin embargo este reglamento fuè publicado el 31 de Julio 2014, es decir 9 meses después.
En segundo lugar dicho reglamento representa un retroceso en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho de vivir libres de violencia, por cuanto el mismo cambia de manera ilegal el contenido esencial de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y crea mecanismo encaminado a la obstaculizacióndel acceso a la justicia y la sanción de conductas punibles cometidos por los agresores en el ejercicio de sus relaciones de poder autoritario tanto en el ámbito privado como público.
El presidente con este reglamento se arroga funciones legislativas que no le corresponden y pretende mediante el mismo reformar el objetivo, los ámbitos de aplicación, la tipificación de los delitos, establecer procedimientos penales, normativas administrativas y estructuras al margen de la propia ley.
La Ley Integral contra la Violencia Hacia las Mujeres, define como objetivo el“actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación; establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder”, por lo que resulta arbitrario que con un decreto presidencial se cambie este objetivo y se reduzca a la supuesta protección de la familia, en detrimento de los derechos individuales de la mujeres como persona humana y ciudadana.
El reglamento reduce el ámbito de la aplicación de la ley y pretende reducirla exclusivamente a las relaciones interpersonales de parejas, desconociendo que la violencia machista trasciende el ámbito privado, en tanto sus raíces son socioculturales, motivadas por la discriminación, la misoginia y la desigualdad, por ende las mujeres vive en su entorno social diferentes tipo de violencia perpetradas por agresores en la comunidad, el trabajo y de parte de las propias autoridades estatales.
El femicidio como la expresión más extrema de la violencia machista, su tipificación en la Ley 779 constituyo en materia penal un avance legislativo fundamental, al sancionar severamente a quienes cometen esta conducta delictiva tan reprochable y ahora mediante este reglamento se quiere reducir el delito al ámbito íntimo de lo privado en relaciones de pareja, lo cual violenta el orden constitucional ya que un reglamento jamás puede reformar un delito.
Las estructura creadas por este ilegal reglamento, mal llamadas consejerías familiares, constituyen una invasión total al derecho individual y constitucional que las mujeres tienen dentro de sus relaciones familiares, estas consejerías además de agudizar las situaciones de violencia en el ámbito comunitario, se perfilan como obstaculizadores de acceso legítimo que toda mujer tiene a de acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia y contradice la obligación ciudadana de denunciar la comisión de un acto delictivo ante las autoridades competentes.
Contrario a la obligación estatal de protección de las víctimas de un delito, estas consejerías pretenden en la práctica someter a las mujeres a mediaciones y/o conciliaciones obligatorias, además de vulnerar sus derechos con procedimientos revictimizantes, que pueden exponerla al escarnio público y la culpabilización.
Este reglamento expone a las mujeres a mayores niveles de riesgo en la agudización de la violencia, al mismo tiempo que les provee menos mecanismos para defender sus derechos, lo que podría conllevar a un estallido social de más violencia, más femicidios y mayor índice de impunidad en nuestro país.
Por todo lo antes señalado rechazamos el decreto presidencial 42- 2014 por ser ilegal, fraudulento y contrario al orden constitucional. La Red de mujeres contra la violencia seguirá defendiendo el derecho que tenemos todas las mujeres a vivir libres de violencia, continuaremos informando y acompañando a las mujeres en los territorios para que ejerzan sus derechos y exigir a las autoridades la protección y sanción de los delitos derivado de la violencia conforme a lo establecido en la Ley Integral contra la Violencia.
Hacemos el llamado a ciudadanía en general para que en sus barrios y comunidades rechacen la intromisión que pretender hacer los gabinetes de familias, consejerías o redes comunitarias creadas de manera arbitrarias en este reglamento y cuyo único fin es el control de las familias y promoción de más impunidad y obstaculización del derecho al acceso a la justicia.
¡Basta ya de abusos en la vida de las mujeres!
¡La violencia es un delito y exigimos castigo para los agresores!
MANAGUA, 12 de Agosto de 2014
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