La advertencia de los médicos se cumplió a cabalidad. El bebé deforme que crecía en el vientre de Aurora nació la Navidad del 2012 y murió inmediatamente. No tenía ninguna posibilidad de vivir. Aurora, alias de esta madre de 32 años para afrontar la petición de aborto en este país antiabortista, estaba nerviosa y estresada. Su hijo deseado tenía una enfermedad terminal sin haber nacido. Si no quería ir a la cárcel, debía esperar que le autorizaran un aborto terapéutico que, según grupos activistas, solo existe en el papel.
Esta historia ya la conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. Aurora acudió a esa instancia para pedir que Costa Rica haga aplicable el artículo de una ley que sí permite el aborto en casos como el de ella, pero que luego es "letra muerta”. Así lo califica el Colectivo por derecho a decidir, un grupo de feministas que ha apoyado a esta mujer y a otra costarricense que también acudió a la CIDH en 2008 con una petición similar.
En la ley existe el aborto terapéutico, pero en la práctica el aborto está prohibido y castigado en Costa Rica, no importa si es terapéutico o no. En las sombras, sin embargo, miles de abortos ocurren en laboratorios privados, en la habitación de una adolescente y hasta en algún consultorio de un hospital público. Los últimos datos disponibles son de 2007 y estiman que hubo 27.000 abortos en solo un año, de acuerdo con la ONG llamada Asociación Democrática Costarricense.
Aurora quiso hacerlo por el camino legal. Pidió permiso a las autoridades del hospital de su jurisdicción y nunca se lo otorgaron. Acudió entonces a las Sala Constitucional, un alto tribunal de amplias potestades que hoy puede permitir la reelección presidencial y mañana puede ordenar al Estado construir una rampita en la acera de un pueblo. Son tantos los casos, que el recurso de amparo de Aurora lo resolvió en febrero, casi dos meses después de que ella vio morir a su hijo recién nacido.
El feto no podría sobrevivir y la madre se exponía a tener problemas de salud
El feto había sido diagnosticado con un síndrome llamado abdomen pared. Tenía abierta la pared abdominal y expuestos el corazón, el hígado y los intestinos. Tenía una escoliosis grave y costillas cortas. No desarrolló las piernas. Las posibilidades de sobrevivencia eran cero y las de perjuicio para la madre, muchas, recordó Margarita Salas, portavoz del Colectivo Derecho a Decidir.
“Nació antes de la respuesta de la Sala Constitucional que, de cualquier forma, no le dio la razón. Reconoció que pudo haber afectaciones a la salud de Aurora, pero no ordenó al sistema sanitario corregir el error. El artículo del Código Penal es claro en que debe permitirse el aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida de la madre, pero también su salud. En este caso es indudable la afectación a su estado de salud. Para empezar, en lo sicológico”, dijo Salas. Ella cree posible que el Estado corrija la aplicación legal antes de que ocurra una demanda formal de la CIDH ante la Corte de Derechos Humanos o se dé una eventual condena, como ya ha ocurrido por insuficientes garantías en procesos legales y por no permitir la fertilización in vitro.
El tema del aborto no es fácil en Costa Rica. Además de la oposición de sectores conservadores, ligados en buena parte a doctrinas cristianas, en el país hay varios frentes abiertos con temas que tocan la moral, la vida, la religión y la ciencia. Hay debate sobre la legitimidad formal de parejas del mismo sexo, sobre investigaciones biomédicas y sobre la fecundación in vitro, un método que la Corte Interamericana ordenó permitir en Costa Rica pero que aún no se aplica por desacuerdos legislativos sobre la forma de implementarlo.
Consultado sobre este reclamo planteado ante la CIDH, el portavoz del Gobierno, Carlos Roverssi, evitó entrar en detalles y dijo que esperarán la comunicación desde Washington para hacer las consideraciones legales y ver a fondo la petición de Aurora y las activistas.
El caso de la otra costarricense a quien se le negó el aborto terapéutico cumplió cinco años en las gavetas de la CIDH sin que hasta el momento se conozcan avances. Se conoció como el caso de “A. N.”, quien se vio obligada a llevar a término su embarazo y dar a luz un feto muerto, según el Centro por los Derechos Reproductivos, otra ONG basada en Washington.
ÁLVARO MURILLO San José (Costa Rica) 29 AGO 2013
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/29/actualidad/1377752473_076752.html
Gracias a María Jesús Hernández Sánchez por la imagen de su obra.
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