Nestora Salgado García (Olinalá, Guerrero; 28 de febrero de 1972) es una activista y política mexicana. Desde el 1 de septiembre de 2018 es senadora por Guerrero en el Congreso de la Unión partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Ha sido líder y ex-comandante de la policía comunitaria de la CRAC-PC de Olinalá, en el Estado de Guerrero, en México.
Fue detenida el 21 de agosto del 2013, acusada de secuestro y delincuencia organizada.1 Estuvo presa durante dos años y siete meses siendo considerada presa política por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas.23 Quedó en libertad el 18 de marzo del 2016, después de que se le dictaran tres autos de libertad. En 2014 fue distinguida con dos premios: el Premio Nacional Carlos Montemayor y el Premio Nacional en Derechos Humanos don Sergio Méndez Arce.
Nació en la comunidad de Olinalá perteneciente a la zona montañosa del estado de Guerrero en 1971. Migró a los Estados Unidos de América en 1991, huyendo de la violencia familiar y en busca de mejores oportunidades. Obtuvo la ciudadanía en Renton, Washington, y logró una estabilidad económica.
Regresaba periódicamente a su comunidad, y en uno de esos viajes sufrió un accidente en el 2001 que la mantuvo postrada por varios meses. En el 2004, se estableció nuevamente en Olinalá, donde su hija puso una carnicería. Por este negocio, la extorsionaban por protección con cuotas de 500 pesos mexicanos a la semana.
En el año 2012, cuando Nestora Salgado visitaba su comunidad de nacimiento en Guerrero, durante su estadía en los Estados Unidos, los habitantes del pueblo se levantaron en repudio a la creciente inseguridad. Salieron a la calle y cuestionaron a las autoridades, en particular al síndico, Armando Patrón Jiménez, por su inacción
.
Surgió entonces la policía comunitaria de Olinalá, que luego se sumó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), una coordinadora de grupos de policías comunitarias con base en usos y costumbres indígenas, cuya existencia es amparada por leyes locales e internacionales, en particular la Ley 701 del estado de Guerrero .
En el 2013, la policía comunitaria, de la cual Nestora Salgado era comandante, detuvo al síndico Armando Patrón Jiménez junto a varias personas acusadas de robar vacas y matar al dueño. El síndico acusó a Nestora de secuestro, ante la procuraduría estatal de Guerrero.
Fue detenida el 21 de agosto del 2013 junto a 30 comunitarios, bajo acusaciones de secuestro y delincuencia organizada. La llevaron al penal de alta seguridad en Nayarit. Posteriormente, fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México. Durante el periodo en que estuvo presa, denunció ser víctima de irregularidades y una persecución política.
Tras una serie de movilizaciones, reclamos en su nombre y una huelga de hambre que ella realizó dentro de la cárcel, fue liberada el 18 de marzo de 2016. El primer Auto de libertad se le otorgó porque no contó con asistencia consular a pesar de ser también ciudadana extranjera ya que estaba casada con un estadounidense. Otro Auto de libertad se da luego de que el juez que revisó el caso consideró que las acciones de la comandanta estuvieron enmarcadas en la Ley 701 que avalan los sistemas de justicia en los pueblos indígenas.
Aunque la acusación sobre delincuencia organizada no se sustentó, no fue liberada de inmediato sino hasta más de un año después de su detención. Diversas irregularidades se documentaron en el proceso legal en su contra, pues no se le permitió el acceso a un abogado o a tener contacto con su familia.
El 3 de febrero de 2016 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU declaró en su opinión 56/2015 que la detención de Nestora era arbitraria e ilegal y exigió su liberación inmediata. Diversos grupos sociales y personalidades de México, como la escritora Elena Poniatowska, respaldaron a la líder de la policía comunitaria y exigieron su libertad.
Los activistas Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí han emitido opiniones en torno a su persona, bajo el argumento de que su proceso legal ha sido tocado por tintes políticos, expresando que Salgado es una presunta secuestradora a pesar del proceso jurídico en torno a su caso.
Fue acusada de haber participado en 48 secuestros, extorsión y robo, reportados a las autoridades de Guerrero en la carpeta: DGAP/136/3013 y TAB/FRZA/018/2013. Fue llevada a prisión después de que 39 personas en calidad de testigos señalaran su participación en la policía comunitaria. Fue presentada como evidencia ante el juez una supuesta llamada que dice: “Soy la comandante Nestora Salgado, y solo le llamó para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de cinco mil pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija”. Sin embargo, no hay evidencia de que Salgado haya dicho estas palabras, pues sólo se trata del extracto de las declaraciones ministeriales dichas por los padres de una de las detenidas. El juez determinó que el testimonio no era verídico, pues los denunciantes habían caído en diversas contradicciones, señalando que: “no se conducen con probidad en los hechos que narran en sus diversas comparecencias ante el órgano investigador, y por lo tanto, sus declaraciones se desestiman”.
Según varios reportes periodísticos, aún tiene vigentes dos expedientes en su contra en el que se le acusa de secuestro agravado. El primer expediente, con causa penal 05/2014, señala que Dulce Rubí, Yesenia y Pedro Gil denunciaron que la mujer encabezó a un grupo de policías que los detuvieron, encerraron y obligaron a realizar trabajos forzados, acusándolos de cometer delitos en su comunidad, esto mientras se reunía el dinero para su liberación.
El segundo expediente abierto, bajo la causa penal 48/2014 en el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos, señala que el señor Eugenio “N” denunció que Nestora Salgado y sus policías comunitarios lo detuvieron y encerraron mientras que su familia reunía el dinero que le habían exigido como multa por un supuesto delito que había cometido.
El 18 de febrero del 2018, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció la postulación de Nestora Salgado como senadora plurinominal en representación del estado de Guerrero. Obteniendo un escaño en el cámara de senadores durante las elecciones federales de México de 2018.
En el Senado de la República, Salgado García es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, integrante de las comisiones de Asuntos Indígenas, Estudios Legislativos, Trabajo y Previsión Social y Seguridad Pública. Ha propuesto seis iniciativas de reforma de ley. Se ha suscrito a 56 iniciativas. Ha propuesto 17 puntos de acuerdo y se ha suscrito a 11. Ha enviado dos excitativas, dos efemérides. Ha tenido 15 intervenciones ante el pleno.
Traemos este articulo de Érika Paz para conocerla mejor :
Qué es la Policía Comunitaria y quién es Nestora, presa del gobierno en represalia a la CRAC
Defensora de su comunidad, de su gente y sus raíces, apenas había abandonado la adolescencia cuando la pobreza extrema y la desigualdad social la expulsaron de su tierra, Olinalá, ubicada en la región Costa-Montaña de Guerrero. Así como millones de mexicanas y centroamericanas, Nestora Salgado partió hacia Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía.
A su regreso en 2012 se integró a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), para hacer frente al crimen organizado que para entonces asolaba la región. Los robos de ganado, los secuestros, las violaciones sexuales a las mujeres y los asesinatos deterioraban precipitadamente el tejido social de la comunidad de Olinalá.
Hoy Nestora Salgado, madre de tres hijas, tiene más de un año tras las rejas por atreverse a alzar la voz y señalar los vínculos entre funcionarios –y el mismo presidente municipal de Olinalá– con el crimen organizado. Fue detenida en medio de un fuerte operativo policial, recluida en una celda de aislamiento, acompañada con una luz artificial encendida 24 horas por siete, según narra su hija Saira.
Para entender el contexto en el que transcurre la vida de esta activista social es necesario echar atrás en la historia y retomar algunas escenas que desembocan en el momento actual de la Sierra de Guerrero.
La región Costa-Montaña en Guerrero albergó durante los años 60 y 70 diversos movimientos sociales que demandaban igualdad, seguridad, justicia. Campesinos, profesores normalistas y estudiantes formaron guerrillas rurales que se opusieron a la represión por parte de los gobiernos de la entidad y a la discriminación hacia las y los indígenas.
De la Sierra de Guerrero es originario Genaro Vázquez Rojas, nacido en San Luis Acatlán, en 1931, maestro egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Tixtla, Guerrero, quien denunció el despojo de tierra a los campesinos, los fraudes electorales, la ausencia de garantías constitucionales para las comunidades indígenas y mestizas, etcétera.
Fue parte de la Central Campesina Independiente y de la Asociación Cívica Guerrerense ACG, detenido en numerosas ocasiones, la última en 1966. Un año después la ACG se reestructura para transformarse en un grupo político armado, en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR). En 1968 Vázquez Rojas se fugó de la prisión y empezó a orquestar diferentes acciones guerrilleras.
En ese entonces tuvo lugar la llamada Guerra Sucia, también conocida como guerra de baja intensidad, misma que arrojó un número todavía desconocido de muertos y desaparecidos desde la década de 1960 hasta 1980. Esa práctica de terrorismo de Estado abarcó los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.
El objetivo de la Guerra Sucia fue desarticular los movimientos sociales que se oponían al régimen, los archivos oficiales referentes a la misma, quedaron congelados por décadas hasta que en el sexenio de Vicente Fox se creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), sin que hasta el momento se hayan señalado responsables de los crímenes de Estado cometidos en esa época.
En la misma década tuvo lugar el movimiento estudiantil de 1968 y, apenas tres años después, la Masacre del Jueves de Corpus (El Halconazo). Mientras eso ocurría en la Ciudad de México en el estado de Guerrero, Lucio Cabañas era perseguido por liderar el grupo armado “Partido de los Pobres”.
Para la década de los 90 las bases sociales indígenas lograron recuperar su participación en el escenario político estatal con la conformación del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular (CG500-años), el cual trascendió a nivel nacional e internacional.
Luego de que durante la década de 1980 se invisibilizó a las comunidades a través de la intervención de actores del gobierno en la organización de los pueblos, además de que los comicios electorales tenían como componente la persecución de los opositores al régimen priista.
En 1991 surgió el CG500-años. Su propósito de origen fue crear Consejos Indígenas en varios estados de la República –asimismo respaldó al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se dio a conocer mediáticamente en enero de 1994-.
En 1992 en la Parroquia de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, tuvo lugar el primer encuentro de pueblos indígenas de la Costa-Montaña, que logra reunir a comisarios de bienes comunales y ejidales, catequistas, comisarios municipales entre otros actores sociales.
En este momento empieza el proceso de constitución de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que en un inicio se llamó Coordinadora Revolucionaria de Asociaciones Indígenas (CRAI), con el propósito de organizar a los pueblos de la región, enfrentar la inseguridad y gestionar obras públicas, ante la ausencia de Estado y la presencia del narco.
En 1995, la CRAC-PC en San Luis Acatlán agrupó a productores de café, maíz, jamaica que empezaron a organizarse. En ese mismo año, en la Región Costa Grande, la policía de Guerrero, bajo las órdenes del entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, consumó la Masacre de Aguas Blancas en el municipio de Coyuca de Benítez que cobró la vida de 17 campesinos quienes se dirigían a un mitin político de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
A casi tres años de gobierno, el priista Figueroa Alcocer fue obligado a dejar la gubernatura, por este hecho. Ángel Aguirre Rivero fue designado gobernador sustituto de 1996 a 1999. En 2011, Aguirre Rivero retoma la gubernatura de la entidad, esta vez por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En su primer periodo como gobernador, Ángel Aguirre reconoció a las CRAC-PC y con ello además les proporcionó una decena de escopetas y una camioneta, para que ejercieran su propia seguridad bajo el respaldo de la ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero), así es como la Policía Comunitaria empezó a detener delincuentes para presentarlos ante los Ministerios Públicos.
Toda vez que las personas que delinquían eran liberadas –dinero de por medio– por las autoridades municipales y estatales, la CRAC-PC empezó a delinear un sistema de justicia y de seguridad con base en las estructuras organizativas y las culturas de los pueblos indígenas Me’phaa, Ñuu Savi, Ñancue Ñomndaa y Náhuatl, incluidos los afromestizos y mestizos.
Entonces se planteó la reconstrucción del tejido social, así como la reinserción a la comunidad de las personas infractoras. En 1997 organizaron el territorio y crearon las cuatro casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso (la quinta, Cochoapa, actualmente en conflicto de legitimidad).
A la par crearon la Asamblea como máximo órgano del sistema de justicia, el cual comprende tres divisiones: seguridad, justicia y reeducación. Cada casa de justicia cuenta con cuatro coordinadores que son los encargados de la justicia; cuatro comandantes regionales quienes ejercen la seguridad y los pueblos son los que acompañan el proceso de reeducación de personas que delinquen, que, sin pisar la cárcel, realizan trabajo comunitario, si así lo ameritan se les entregan cartas de buena conducta con las que pueden acelerar su reinserción en la sociedad.
En este proceso se instalan radios comunitarias para acompañar las organizaciones política y social. Las cuales fungen como una herramienta de información incluso para poner sobre la mesa temas que requieren atención como la participación de las mujeres en el interior de las comunidades.
Las mujeres en la montaña de Guerrero han señalado su situación y participación en el interior de sus familias como en la comunidad. Con base en la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, algunas de ellas promueven vías hacia el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos.
Ellas aceptan que es un camino largo el que deben recorrer para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, siendo que los cargos de la Asamblea, tanto en la coordinación como en las comandancias corresponden en su gran mayoría a los hombres; con algunas excepciones, como Nestora Salgado, un caso paradigmático, que no sólo que cuestiona al Estado machista, sino también a su organización.
La abogada, Felícitas Martínez Solano, quien fuera la primera mujer en ocupar el cargo de Coordinadora Regional (en 2005), afirma que hacerse escuchar en lugar en el que históricamente se ha acallado a las mujeres implica arrojo y resolución para alzar la voz.
“Porque de verdad que nos ha costado a la mujeres entrar en este proceso de lucha, no es sencillo también estar en un espacio de hombres en la organización, porque el que te tiene que legitimar es la asamblea regional, y la grandes voces son de los hombres y las mujeres somos muy pocas las que hablamos, las que opinamos también”, señala Felicitas Martínez, actualmente consejera de la CRAC, un tema que se abordará con mayor detenimiento en una siguiente entrega.
La igualdad entre hombres y mujeres y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres no es el único reto de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. En 2010, el gobierno Federal otorgó tres concesiones mineras: Corazón de Tinieblas a la transnacional inglesa Holdschild Mining; La Diana y San Javier, perteneciente a la canadiense CamSim, y La Faraona Goliat de la mexicana Grupo Goliat, proyectos con miras a explotar oro, plata y cobre principalmente.
En marzo de 2011, la CRAC convocó a medios alternativos y radios comunitarias para acompañar la campaña “A corazón abierto defendamos la Madre Tierra en contra de la minería”. Desde entonces, el rechazo de las comunidades a los megaproyectos, ha generado mayor tensión entre los gobiernos municipal y estatal con la CRAC.
La antropóloga y activista de la región, Edith Na Savi, en un artículo publicado en julio de 2013, explica la oposición de los comunitarios a dichos megaproyectos, pero además denuncia las presiones del gobierno para desestabilizar su organización a favor de los intereses de las empresas mineras.
Entre las que se encuentran “el aumento de la presencia de la delincuencia organizada, así como las detenciones hechas a policías, comandantes y coordinadores de la CRAC”, además de que los pueblos originarios, afromestizos y mestizos que conforman la Coordinadora se enfrentan al “peligro latente de incorporar a la CRAC al Mando Único, propuesta enviada por el gobernador Ángel Aguirre al Congreso”, apuntala Edith Na Savi.
Aunado a ello, las tensiones entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la CRAC-PC se han agudizado. En su surgimiento, los líderes de la UPOEG anunciaron a este organismo como parte de la CRAC, sin embargo la Coordinadora lo desconoció. En junio del año pasado, la misma CRAC anunció la “expulsión” de los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, dirigentes de la UPOEG, por intentar dividir a la Coordinadora, mediante la promoción de un sistema de seguridad ciudadano con tintes políticos que vulnera la autonomía de los pueblos indígenas.
Asimismo, uno de los líderes de la CRAC-PC, Eliseo Villar, un día antes de la detención de Nestora (ocurrida el 21 de agosto de 2013), firmó con el gobierno de Ángel Aguirre la credencialización de más de 900 integrantes de la casa de Justicia de San Luis Acatlán, supuestamente, con miras a conformar una policía rural. Cuando la Asamblea había rechazado formar parte del Mando Único o conformar la Policía Rural, iniciativas del gobernador.
Eliseo Villar responsabilizó a sus compañeros Nestora Salgado y Bernardino García de la casa de Justicia El Paraíso, “se ganaron” ser detenidos por la fuerza armada y la policía estatal, afirmó en un evento al que asistió el gobernador Ángel Aguirre en ese año; por estas razones así como por su presunta connivencia con los megaproyectos mineros, son por las que la Asamblea lo deslinda de su cargo como coordinador.
Sumado a ello, entre los días 13 y 16 de septiembre de 2013 el fenómeno meteorológico, ocasionado por la tormenta Manuel y el Huracán Ingrid, dejó cuatro personas en la comunidad Ñuu savi y 28 casas fueron afectadas, los recursos federales destinados para este desastre natural nunca llegaron.
Un año después la gente realiza una recolecta para la reconstrucción de 18 casas, que fueron dañadas en su totalidad. Asimismo, activistas de la región han señalado las condiciones impuestas a las madres indígenas, principalmente, para acceder a los programas federales Oportunidades y Cruzada contra el Hambre.
En este escenario transcurre la historia de Nestora Salgado presa en un reclusorio de alta seguridad en Nayarit, en espera de ser trasladada a un penal del Distrito Federal, como lo exige el Comité de Mujeres #NestoraLibre, encabezado por académicas, feministas, activistas, escritoras, toda vez que fue exonerada por un juez federal de los cargos de secuestro y delincuencia organizada.
Megaproyectos mineros, contrainsurgencia, cooptación de líderes, además de ser la organización con más presos en el estado de Guerrero –12 en total, siendo la única mujer Nestora Salgado– es el panorama que enfrenta la CRAC próxima a celebrar su 19 aniversario.
También traemos su escrito :
Mensaje de la comandante Nestora a las mujeres, en su día internacional en voz de su hermana Cleotilde Salgado
Me llamo Nestora Salgado García, tengo 42 años, tres hijas y cuatro nietos y una nieta. Estoy injustamente en la cárcel desde el 21 de agosto del año pasado. Aunque estoy encerrada y quieren abatirme mis captores, me dirijo con optimismo a las mujeres en su día internacional. Este es un mensaje a las mujeres de México y Estados Unidos, también a las mujeres de otros países en los que sufren discriminación. Mi mensaje a las mujeres es que no se dejen, que protesten y luchen si creen que son humilladas ya sea en su trabajo, en su localidad o en su misma casa.
La vida para las mujeres en países como México es muy difícil, sobre todo si somos de familias campesinas y de pueblos como el mío en medio de las montañas de Guerrero, estado donde siempre ha habido mucha pobreza y falta de todo tipo de servicios. También siempre ha habido mucha corrupción y abusos de los gobernantes. Siempre he trabajado para mantener a mis hijas, la primera de las cuales nació cuando yo tenía 16 años. Tuve que emigrar muy joven a Estados Unidos, donde trabajé de muchas cosas, limpiando casas y de mesera en restaurantes. Por mi esfuerzo, también adquirí la ciudadanía norteamericana. Pero nunca olvidé mis raíces, a mis padres, hermanos y familia, a los que con frecuencia visitaba. Tampoco a mi pueblo y comunidad. No pude ser indiferente a lo que estaba pasando con mis vecinos y el pueblo de Olinalá, que Los abusos de los delincuentes eran cosa de todos los días, ya no se podía vivir en paz, ya no podíamos salir de nuestras casas, ya no podíamos trabajar, viajar, poner un negocito, mandar con tranquilidad a nuestros hijos a las escuelas ni salir a la plaza a tomar un helado. Pronto el pueblo se organizó y a mí me eligieron su representante. Soy la coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá. Al principio todos fueron apoyos y atenciones del gobierno. El mismo gobernador nos dio dos camionetas y apoyos. También nos dieron unos documentos en el que nos reconocen como policías comunitarios. Nosotros los comunitarios hicimos nuestro trabajo y lo hicimos bien. Cumplimos con el pueblo de Olinalá. Combatimos a los delincuentes y a los que los ayudanreduciendo en un 90% los crímenes de alto impacto en tan solo un año de lucha. Tal vez por eso el gobierno terminó por agredirnos y a mí por capturarme, junto a otros 12 policías comunitarios de la CRAC de Guerrero. Fui capturada en medio de un impresionante despliegue militar y policial que no se los dedica el gobierno ni a los peores narcos. En unas horas ya estaba yo encerrada en Nayarit en un penal de alta seguridad donde estoy como si fuera un animal peligroso, aislada de los demás. Sólo puede verme cada dos semanas una de mis hermanas y ahora una de mis hijas. No puedo hablar con nadie, no veo ni tomo sol. No recibo medicamentos ni terapia para mis dolencias por un accidente. No puedo recibir revistas ni periódicos. Ni siquiera puedo recibir una carta de mi esposo que está en Estados Unidos o un dibujo de mis nietos. Sólo puedo hablar unos minutos por teléfono a la semana con mí hija Zafra. No puedo ver la televisión. Sé que quieren quebrarme pero no lo lograrán. Sé que con mi encierro quieren que yo escarmiente y todos y todas las demás que en México se levanten contra tanta injusticia. Pero no me quebrarán. Nunca saldrá de mi boca que pido perdón. No tengo porqué pedirle perdón a nadie y menos al gobierno. De mi boca y de mi corazón sólo escucharán que salen palabras de aliento para todos aquellos y aquellas que, como yo, se deciden por hacer algo por sus pueblos y sus hijos. A las mujeres especialmente me dirijo. A las esposas y madres de los otros comunitarios presos les digo que debemos aguantar la fría prisión y que está más próximo de lo que creemos el día en que estemos libres. A las mujeres en general les digo que no se dejen de nada ni de nadie, que no toleren al gobernante corrupto y amafiado, que no acepten la discriminación en ningún lado ni el maltrato. A las mujeres de Olinalá, les pido que sigan la lucha que hace más de un año iniciamos junto con nuestros esposos y vecinos. Mis captores me agregan causas y causas. Pero sé que finalmente saldré de prisión. Lo haré con la frente en alto porque sé que ya desde ahora nadie se cree que yo soy una delincuente. Porque las personas honradas de México, de Estados Unidos y de otros países saben que soy una presa política. Y saldré de prisión a proseguir la lucha que desde la policía comunitaria de Olinalá inicié. Adelante mujeres de México y del mundo. La historia enseña que cuando algo se gana es porque ha habido sacrificios. Estemos dispuestos a hacerlos. No tengamos miedo y sí tengamos voluntad de acabar con lo malo y los malos. Así, a las mujeres nos espera un futuro mejor y luminoso.
Penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, a 7 de marzo de 2014.
http://kaosenlared.net/america-latina/82643-m%C3%A9xico-nestora-salgado-escribe-desde-prisi%C3%B3n-con-motivo-del-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-trabajadora
http://revoluciontrespuntocero.com/que-es-la-policia-comunitaria-y-quien-es-nestora-presa-del-gobierno-en-represalia-a-la-crac/
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