En nombre de las redes, movimientos, colectivos, grupos y activistas feministas de Nicaragua, saludamos a las mujeres que cotidianamente realizan y promueven cambios en todos los ámbitos de la vida, para terminar con la discriminación y las desigualdades, y ocupar el lugar que nos corresponde de personas libres y ciudadanas con derechos.
Durante más de cuatro décadas, las mujeres organizadas hemos trabajado tenazmente para evidenciar las profundas brechas de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, reclamar cambios en hogares, comunidades, sociedad civil y el Estado y avanzar hacia el verdadero logro de la igualdad y el reconocimiento de la diversidad.
El camino ha estado lleno de satisfacciones que celebramos el 8 de Marzo. Nos regocija la transgresión de construir agendas políticas que señalan con claridad vindicaciones y demandas; especialmente, de quienes viven con mayor discriminación, obreras, campesinas, trabajadoras del hogar, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, lesbianas, trabajadoras sexuales y migrantes.
Somos las feministas quienes hemos defendido el Estado laico como condición necesaria para asegurar la separación de los asuntos de Estado encaminados a asegurar derechos universales, de los asuntos religiosos que competen al orden privado de las personas.
Somos las feministas quienes hemos defendido una idea de democracia radical que cuestiona los estrechos límites del poder representativo y demanda una verdadera transformación del Estado. Por ello, hemos sido críticas del papel que juega la clase política de nuestro país como instituciones machistas al servicio del patriarcado; que usan y manipulan a las mujeres; y hemos trabajado día a día porque seamos sujetas de derecho y asumamos el ejercicio de nuestra ciudadanía.
Con nuestra defensa continua de estas agendas, hemos logrado avances formales en el orden jurídico vigente, que establecen de forma clara la igualdad y la no discriminación como aspiración y compromiso de la sociedad y del Estado nicaragüense.
Los cambios en la Constitución Política de la República de 1995, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley de Creación del Fondo de Crédito para la compra de tierras para campesinas, forman parte de nuestras transgresiones y demandas históricas.
Hemos puesto la sexualidad en el debate público, demandando educación sexual científica, derecho a decidir, aborto seguro, reconocimiento de los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans.
El camino ha estado plagado de obstáculos para acallar nuestras voces, preservar el poder patriarcal y frenar los cambios que proponemos para acabar con las desigualdades.
Las feministas hemos soportado irrespeto, falta de reconocimiento y exclusión del Estado autoritario, la clase política y élites económicas, que actúan en nombre de una república de y para los hombres, en nombre de religiones fundamentalistas y tradiciones machistas.
De manera sistemática, el Estado irrespeta compromisos internacionales que protegen nuestros derechos o los ignora en sus políticas, así como la legislación nacional. Esto pervierte el papel de las instituciones públicas, que con frecuencia actúan como enemigos de las mujeres.
En los siete años de gobierno del FSLN, enfrentamos viejos desafíos y muchos retrocesos:
- La prohibición absoluta del aborto, que ha condenado a la muerte a las mujeres más pobres y ha obligado a otras al aborto clandestino. A esto se suma el silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia, que se niega a responder los recursos por inconstitucionalidad interpuestos desde el año 2008.
- La “naturalización” del embarazo en niñas y adolescentes, desestimando el abordaje integral de la violencia sexual y violando el derecho humano de libre elección de la maternidad.
- La reforma a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779) y la aprobación de un reglamento que la distorsiona y cambia su ámbito de aplicación. Esto enmascara la trascendencia de la violencia en la vida de las mujeres y trata de hacer creer que el gobierno ha sido eficiente, disminuyéndola.
- En el año 2014, fueron asesinadas 79 mujeres y cada año entre 60 y 85 mujeres, sin que el Estado actúe para proteger a las mujeres que interponen denuncias; por el contrario, con el reglamento las mujeres son obligadas a pasar por el filtro de los gabinetes de familia, creados por el partido de gobierno con fines que nada tienen que ver con la erradicación de la violencia machista.
Un Código de Familia neoliberal que entrará en vigencia en abril próximo, que no toma en cuenta las condiciones de pobreza de la mayoría de hogares y continúa dejando el peso de la responsabilidad a las mujeres, quienes cada vez más viven trabajos precarios, bajos salarios, constante violación a sus derechos laborales y falta de tiempo y recursos para atender sus necesidades, conforme el modelo patriarcal
Este Código impone un modelo único de familia, niega el derecho a la intimidad y a escoger su forma de familia, la diversidad, y los derechos a lesbianas, homosexuales y personas trans.
Las mujeres de la Costa Caribe viven una situación cada vez más precaria, sin que el Estado formule una estrategia integral para reducir la pobreza y la desigualdad. Centros de salud en mal estado, caminos intransitables, desempleo y empleos de alto riesgo, narcotráfico, conflictos de tierras que enfrentan a poblaciones indígenas y colonos y colocan el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, son parte de los graves problemas que el gobierno no hace nada por resolver.
La violación sistemática del derecho a expresarnos con libertad y a organizarnos, forma parte de las actuales lógicas excluyentes con que funciona el Estado, bajo control del FSLN.
Con la aprobación de la Ley 840, se legaliza un régimen especial fuera del control del Estado nacional y se concede toda clase de privilegios a una empresa china, para que explote de forma indiscriminada los recursos naturales de Nicaragua. El agua, el lecho marino, la tierra, los bosques, la vida de las comunidades que serán desplazadas para la construcción de un canal interoceánico, forman parte de los peligros que impone el Estado con dicha ley.
Frente a este panorama complejo, nuestros retos y exigencias al Estado y a la sociedad nicaragüense son:
- El respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. La despenalización del aborto y una educación sexual científica y libre de prejuicios.
- La aplicación plena de la Ley 779 y revocación de su reglamento.
- El respeto al Estado laico, incluyendo la educación laica en la enseñanza pública.
- La implementación de una política de derechos sexuales y reproductivos que dé respuesta a las necesidades de las mujeres en cada etapa de sus vidas, y reconozca la diversidad.
- La formulación de una política de empleo que parta de las demandas de las trabajadoras de los diversos sectores, no negociada con las élites económicas; así como el reconocimiento de la remuneración a las mujeres por la economía del cuidado.
- El incremento de los presupuestos para salud y educación y la revisión a fondo del funcionamiento de las clínicas previsionales de todo el país, así como el respeto a acuerdos internacionales que establecen los derechos para los pueblos indígenas y afrodescendientes
- La formulación y aplicación de una política integral de reducción de la pobreza en la Costa Caribe y pronta resolución de conflictos de tierra que constituyen riesgos para las comunidades indígenas, y en particular para las mujeres.
- La puesta en marcha del fondo para la compra de tierra para las mujeres rurales e indígenas.
- La protección adecuada del Estado a las mujeres migrantes que sostienen a miles de familias.
- La ratificación del convenio 189 de la OIT que protege los derechos de las trabajadoras del hogar.
- La reforma al Código de Familia, estableciendo la responsabilidad del Estado al sostenimiento de hogares en condiciones de pobreza extrema y la inclusión de lesbianas, homosexuales y trans.
- La derogación de la Ley 840, referida a la concesión canalera.
Las feministas nicaragüenses continuaremos defendiendo con cada acción nuestro derecho a construir un nuevo modelo de sociedad donde el Estado no esté por encima de la ciudadanía, ni los hombres por encima de las mujeres; donde los intereses de las grandes empresas no estén por encima de las necesidades y derechos de las personas, en donde los derechos de las mujeres no sean negociados y pospuestos por supuestos intereses universales.
“Por nuestros derechos:
siempre rebeldes, siempre transgresoras”
8 de Marzo 2015
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