El 28 de Diciembre de 2012 el Juzgado Civil Nº1 de Zapala ordenó a Verónica Pelayes, trabajadora Judicial, el diligenciamiento de un mandamiento de intimación a despejar un camino de acceso al yacimiento El Portezuelo, lugar distante a 50km de la ciudad mencionada.
Dicha diligencia fue ordenada a pedido de la empresa petrolera Apache el último día del año laboral en el Poder Judicial fuera del horario de trabajo. Bajo amenazas de sumario, la Jueza de Cámara Dra. Liliana Deiub, y la secretaria del Organismo Dra. Alicia Fuentes, intimaron y conminaron a Verónica para que realizara dicha diligencia.
Como consta en la denuncia formulada por nuestra compañera, la medida se llevó adelante con sólo dos agentes policiales y el abogado de la empresa.
En esa ocasión fue agredida por integrantes de la comunidad Winkul Newen sufriendo hematomas, heridas en la región del pómulo y la mejilla izquierda, y la rotura de huesos nasales, ocasionándole desfiguración en el rostro por lo que tuvo que someterse a diversas operaciones y tratamientos, además de la atención psicológica y psiquiátrica que continúan en la actualidad
Nuestro sindicato solicitó la apertura de una información sumaria para que el Poder Judicial sancionara a la funcionaria que coaccionó a Verónica para realizar una diligencia en condiciones de absoluta indefensión y vulnerabilidad.
El 13 de Febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia en una actitud corporativa y como mejor respuesta, archivó las actuaciones sin más trámite “premiando” a Verónica con un diploma y medalla de honor “por los servicios prestados”
Dos años y medio después de este lamentable y repudiable hecho, vemos con preocupación cómo se ha tergiversado lo sucedido en Portezuelo y se intenta instalar en la opinión pública -incluso engañando la buena fe de personalidades nacionales e internacionales cuya trayectoria en defensa de los derechos de los más humildes, de los trabajadores y de los pueblos originarios ha sido intachable- que lo ocurrido fue en un escenario de represión policial, repelida por integrantes de una comunidad mapuche, y que nuestra compañera habría quedado (en el mejor de los casos) en medio de dicho enfrentamiento.
Lo cierto es que allí no hubo ni fuerzas represivas, ni topadoras, ni orden de desalojo, ni legítima defensa frente a una supuesta represión policial. Tanto así, que el TSJ reconoce que “…la fuerza de seguridad no cumplimentó de la manera encomendada sus cometidos, al no ejercer las facultades de que se halla investida, tendiente a resguardar a quien estaba cumpliendo una orden judicial; dejando sin protección alguna a Pelayes al punto que fue la única agredida …” (Acuerdo nº 5246 de decha 13/02/2015).
Verónica Pelayes se encontró sola con un grupo de personas y fue víctima de una brutal agresión que no solamente le desfiguró la cara y la alejó de su trabajo sino que además le destruyó definitivamente su vida.
El Sejun y la FJA son parte de las organizaciones en la provincia de Neuquén que ha acompañado a nuestros hermanos Mapuche en su reclamo por el derecho a ser reconocidos como Pueblo Originario, a que se le respete su cultura, su idioma, y su territorio. A que se respete el derecho a la Consulta Previa en relación al uso de los recursos naturales existentes en suelo de sus comunidades. Entendemos que su pelea, como la de los y las trabajadoras y la del pueblo más humilde de nuestra provincia es la misma, y que con la misma saña el poder político no solamente ha hecho uso de la represión policial sino también ha utilizado al poder judicial para judicializar y criminalizar a quienes peleamos por una sociedad más justa.
Por ello es que no podemos quedarnos callados viendo cómo frente a este hecho de injusta violencia contra una trabajadora, se utilizan banderas históricas deslegitimando así la verdadera pelea que desde hace tantos años lleva adelante el Pueblo Mapuche y avivando campañas xenófobas que son tan repudiables como la agresión sufrida por nuestra compañera.
SECRETARIADO GENERAL SEJUN: 19 de Junio de 2015
Gracias a Esther Kandel
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