Quince mujeres de Sepur Zarco fueron las protagonistas de un hito histórico mundial: por primera vez en Guatemala y en el mundo, un tribunal nacional ha juzgado y condenado la esclavitud sexual como crimen de guerra.
34 años habian pasado desde que sus maridos fueron desaparecidos y asesinados; desde que fueron despojadas de sus pertenencias y sometidas a abusos sexuales, psicológicos, a servidumbre doméstica forzada y al estigma social por ser mujeres indígenas pobres, viudas cuyos cuerpos fueron instrumentalizados por el ejército durante el enfrentamiento armado interno.
“Cada vez que iba a servir, me llevaban de un lado y me lanzaban en una cama y ahí abusaban de mí…eran incontables lo que abusaban de mí porque ahí vivían. Insistían en decir que ya no había nadie que respondiera por mí y ellos eran la autoridad sobre mí”, relató Carmen en el Tribunal “A” de Riesgo Mayor, llorando al recordar cómo durante seis meses cumplió jornadas de 12 horas por turnos asignados al grupo de mujeres. Otras mujeres de la comunidad, y sus hijas, no sobrevivieron la violencia sexual.
El sufrimiento de las mujeres de Sepur Zarco se remonta a las luchas de sus comunidades para reivindicar sus derechos a la tierra en El Estor, Izabal, un territorio Maya Q’eqchí en el que ha prevalecido el despojo de tierras a favor de grandes latifundios de monocultivos e intereses económicos relacionados con explotación minera. El destacamento militar de Sepur Zarco se instaló en 1982 y funcionó como centro de recreación hasta 1986, período durante el cual miembros del ejército perpetraron violaciones sexuales repetidamente, y forzaron a las mujeres a limpiar, lavar y preparar comida para ellos.
Además de todas las formas de violación a los derechos humanos, las mujeres sufrieron formas específicas de violencia de género. La forma más común de violencia usada contra las mujeres durante el enfrentamiento armado fue la violación sexual, la cual constituyó una práctica sistemática en las estrategias que violaron los derechos humanos de la población guatemalteca. Las niñas y las mujeres indígenas de las áreas rurales fueron las más agredidas. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 88.7% de las víctimas de violación sexual pertenecían a grupos Maya; 62% entre 18 y 60 años, 35% niñas y 3% ancianas.[1] En el caso de las mujeres indígenas, se sumó a la violencia armada y de género, la discriminación étnica.
[1] La CEH registró 1,465 hechos de violación sexual. Sin embargo, ésta determinó que el 31% de las víctimas de ejecuciones arbitrarias fueron víctimas de tortura, violación sexual, privación de libertad o amenazas antes de ser ejecutadas. Asimismo, el 35% de las víctimas de violación sexual fueron posteriormente ejecutadas. La Comisión concluyó que la proporción de los casos de violación sexual sobre el total de la muestra -3%-, subestima el fenómeno en el universo constituido por la totalidad de violaciones ocurridas durante el enfrentamiento armado, pues sólo una mínima parte de las víctimas denuncia su caso
20 días de audiencias
Día a día durante los 20 días que duró la audiencia las mujeres q´eqchi´ víctimas de violencia sexual esclavitud sexual y doméstica por parte del ejército de Guatemala en tiempo del conflicto armado interno, se presentaban a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, quienes se hacía acompañar del equipo legal de Mujeres Transformando el Mundo MTM (quienes por varios años tuvieron a su cargo toda la estrategia legal), también eran acompañados por representantes del Ministerio Público y representantes legales de MTM, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemalteca UNAMG y de la representante de la Colectiva Jalok U, querellantes en el caso.
Todo el tiempo sus rostros permanecieron cubiertos mientras transcurrían los días y veían pasar a testigos quienes narraron ante el tribunal lo que vivieron ellos y sus familias. Permanecieron todo el tiempo en sus lugares (al lado derecho de la Sala de Vistas) muy raras veces tomaban agua, y en más de una ocasión se observó que sus manos las llevaban a sus rostros para secarse las lágrimas que brotaban al escuchar y ver lo que se desarrollaba ante el Tribunal.
El día 20 la Sala de Vistas fue abarrotada por hombres y mujeres que se solidarizaron con las mujeres valientes, al escuchar la sentencia condenatoria la sala vibro de aplausos y de alegría al ver que se hacia justicia para las mujeres históricas de Sepur Zarco.
La Justicia para las sobrevivientes de Sepur Zarco llegó el 26 de febrero de 2016
El tribunal de Mayor Riesgo "A" dictó 120 años de prisión inconmutables para el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y 240 años de prisión para el comisionado militar Heriberto Valdéz Asig, acusados de delitos de deberes contra la humanidad, violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de 11 mujeres q´eqchis, asesinato de tres mujeres madre y sus dos hijas y de la desaparición forzada de siete hombres (esposos de las mujeres sobrevivientes).
Los juzgadores establecieron que Heriberto Valdez Asig es responsable del delito de desaparición forzada de los señores Antonio Sub Coc, Manuel Cac, Santiago Cac Bá, Pedro Cac Bá, Abelardo Coc, Heriberto Choc y Juan Choc pues participó en su detención en forma violenta y dichas personas nunca volvieron a aparecer encuadrando su conducta en el delito de desaparición forzada, por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada una de las desapariciones forzadas haciendo un total de 210 años de prisión inconmutables.
Esteelmer Francisco Reyes Girón es responsable como autoridad del delito de asesinato cometido en contra de Dominga Coc y sus dos hijas las niñas Anita y Hermelinda Coc Set, por lo que se le impuso la pena de 30 años de prisión por cada asesinato es decir 90 años de prisión inconmutables.
Tanto Reyes Girón como Valdez Asig el tribunal los señaló de responsables como autoridades de delitos contra los deberes de la humanidad cometidos en contra de la vida y la integridad de la población de Sepur Zarco especialmente de las señoras Rosa Tiul, Candelaria Maaz, María Bá Caal, Manuela Bá, Felisa Cuc, Vicenta Col Pop, Margarita Chub Choc, Cecilia Caal, Magdalena Pop, Carmen Xol Ical, Demesia Yat, Dominga Coc. Y sus hijas Anita Set Coc y Hermelinda Coc. Por tal delito se le impuso a cada acusado la pena de 30 años de prisión inconmutables.
Los juzgadores expresaron que creen firmemente que reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y la aplicación de la justica es un derecho que asiste a las víctimas. Haciendo conciencia que el tipo de hechos no debe volver a repetirse.
Jassmin Barrios presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, al dar lectura a la sentencia dijo que la desaparición forzada es un delito que se proyecta en el tiempo y en el espacio se dice que es forzada porque precisamente no existe voluntad de parte de la víctima; las víctimas eran campesinos que fueron separados de sus hogares teniendo en común estar gestionando la tierra de sus comunidades.
Al señalar los delitos de deberes contra la humanidad dijo que el daño ocasionado es de carácter irreparable, se dañó el tejido social de toda una población y sus efectos son perceptibles para toda la sociedad guatemalteca,
Asimismo señaló que el profanar el cuerpo de las mujeres también constituyó una profanación para la comunidad y se convirtió a las mujeres en objetivo de guerra para lograr la aniquilación de quienes consideraban sus enemigos.
En cuanto al delito de desaparición forzada la juzgadora dijo que el dolor que experimentan los familiares trasciende el tiempo y el espacio, el dolor y la aflicción al no tener conocimiento del paradero de los seres queridos es fuerte porque no se logra cerrar las heridas existentes.
El Tribunal citó a los sujetos procesales para el 4 de marzo de 2016 a las 15:00 horas para la lectura íntegra de la sentencia y tomando en cuenta que es un fallo de carácter condenatorio y que existe el derecho de la reparación digna de las víctimas, el Tribunal citó a los sujetos procesales para el 2 de marzo de 2016 a las 8:30 en el nivel 15 de la Torre de Tribunales a la audiencia de reparación de las víctimas.
En declaraciones a diferentes medios de comunicación la representante de Mujeres Transformando el Mundo Paula Barrios, expresó que el Caso Sepur Zarco, representa un hecho trascendental e histórico no solo para el país centroamericano sino a nivel mundial, porque es el primer juicio contra personas vinculadas con las fuerzas armadas delimitando las modalidades de violencia Sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, que se cometieron delitos contra los deberes de humanidad establecidos en el artículo 378 del Código Procesal Penal.
La imagen de las mujeres con sus rostros cubiertos, pero con las manos alzadas, en señal de triunfo, circuló por el mundo. Consiguieron que se reconocieran los crímenes que sufrieron durante la guerra y que se condenara a dos militares por la esclavitud sexual de la que fueron víctimas. Pero las mujeres de Sepur Zarco le temen al olvido.
Por eso varias organizaciones que las acompañaron en el proceso judicial trabajan en la difusión de su historia. La Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (Unamg), por ejemplo, eligió publicar un cómic titulado La luz que vuelve.
http://www.mujerestransformandoelmundo.org/es/articulo/la-justicia-para-las-sobrevivientes-de-sepur-zarco-llego-0
http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/ourwork/crisispreventionandrecovery/successstories/Sepur_Zarco.html
http://www.mujerestransformandoelmundo.org/es/articulo/sepur-zarco-la-historia-de-los-abusos-sexuales-contados-en-un-comic
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